Fiscalía de EEUU muestra experiencia los sobrinos de Cilia Flores

Era el octavo día del juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. Los rostros han ido cambiando en la medida que han salido a relucir datos que complican la estrategia de la defensa y del gobierno.

Al rededor de las 9:30 am los alguaciles de la Oficina de Prisiones trajeron a los dos acusados. Ambos llevaban sweaters pullover gris, de esos que usan los estudiantes de las escuelas jesuitas, con corbata y pantalón bien planchado. Dentro de la táctica de la defensa está que los dos acusados aparezcan como chicos buenos, incapaces de cometer delito alguno. Aunado a su vestimenta de niños católicos está la actitud de Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas. Cada vez que entra y sale el jurado de la sala, los dos hombres buscan establecer contacto visual con los miembros del jurado.

Sentados al lado de los acusados están sus flamantes abogados. Destaca el cuidado y el afecto que muestran los profesionales de los dos bufetes con sus clientes. Hoy en la mañana vimos a la abogada Elizabeth Espinosa y a David Rody arreglarle el cuello de la camisa y la corbata a Flores de Freitas, mientras que John Zach se esmeró en que Campo Flores estuviera impecable antes que llegara el jurado a sus asientos.

La sesión número ocho del juicio empezó con la declaración final de la fiscalía, tal como lo establece el reglamento. El fiscal Brendan Quigley basó su explicación en la importancia de las evidencias con las cuales pretenden probar la culpabilidad de los acusados, más allá de la duda razonable.

«Los dos acusados creyeron que estaban por encima de la ley. Se creían poderosos en Venezuela y actuaban con «impunidad» a causa de quiénes eran y quiénes eran sus familiares» dijo Quigley al jurado, cuando les pidió condenar a Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas por conspirar para introducir masivos cargamentos de cocaína en Estados Unidos.

Quigley dijo que las evidencias recogidas desde agosto hasta noviembre de 2015, muestran que dos hombres tenían el control del aeropuerto más importante del país y utilizaban su poder para burlar las leyes y enviar droga a los Estados Unidos.

El fiscal dijo que los acusados no fueron víctimas ingenuas de un complot estadounidense, sino todo lo contrario. «Son dos hombres adultos ansiosos y entusiastas que trabajaron metódicamente durante meses para ejecutar un complicado acuerdo de drogas por el cual buscaron ganar 20 millones de dólares».

Quigley afirmó que «los acusados estaban desesperados por lograr el dinero fácil para ayudar a impulsar la campaña de su tía Cilia Flores y lograr consolidar a su familia en el poder».

El fiscal aclaró que los acusados «no son niños pequeños. No. Son hombres de 30 años. Uno de ellos, el señor Campo, es abogado. Ellos sabían lo que estaban haciendo y lo que buscaban con su acuerdo para vender droga proveniente del grupo terrorista Farc hacia los Estados Unidos».

El fiscal presentó de manera cronológica todos los detalles de la investigación que concluyó con la captura de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro. Recordó «los planes de vuelo, los pagos de 900 mil dólares por la llegada del vuelo a la isla de Roatán, a donde llegaría la cocaína que se enviaría el 15 de noviembre de 2015, a las 4:30 pm».

Destacó «el poder que tenían los dos acusados para usar el hangar presidencial del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía y la propuesta que hizo Campo Flores de comprarse un avión Falcon para el envío de la mercancía».

El fiscal fue claro al señalar que la defensa pretende hacer aparecer a sus clientes como tontos inducidos y engañados por los informantes de la DEA, que son hombres corruptos informantes que se aprovecharon de dos crédulos jóvenes que soñaban con ganar dinero sin hacer nada. Pero «la verdad es que los acusados fueron capaces de conspirar y creyeron que eran capaces de hacerlo, logrando juntar todas las piezas para traficar cocaína», aseguró.

Quigley pidió al jurado que revise las evidencias, y que compare la confesión hecha por los dos sujetos luego de ser arrestados con los audios, los vídeos, los mensajes de texto y conversaciones por otros sistemas de chateo y observarán cómo el gobierno demostró más allá de la duda razonable que los acusados ​​no sólo son narcotraficantes, sino que sabían que las drogas iban a los Estados Unidos desde el principio de la conspiración.

Quigley solicitó al jurado poner especial atención a las confesiones de los acusados, ya que las mismas son elementos suficientes para condenarlos. Queda claro en esas pruebas que Campo sabía que la droga venía de las Farc y que ambos sabían que la droga iba a los Estados Unidos.

Acotó que se dediquen a escuchar las propias palabras de los acusados en las seis horas de audio, que se encuentran traducidas. En esas grabaciones los acusados documentan los planes para volar a Honduras, la información sobre los pilotos, el avión, el plan de vuelo, el cargamento de drogas y el poder que ambos tenían para usar el hangar presidencial del primer aeropuerto de Venezuela. Más aún, allí se puede apreciar el control que tenían los acusados sobre las instalaciones del aeropuerto, ya que Campo Flores aseguró que ni siquiera los generales y los coroneles no podían interferir ya que él era el hijo de la primera dama.

En las grabaciones se escuchó a Campos Flores decir que estaba desesperado por conseguir 20 millones de dólares, ya que tenía que pagar los cuatro mil votos que cada dirigente de parroquia le había conseguido para la campaña de su madre.

El abogado defensor, David Rody apeló a la ridiculización de las fuentes usadas por la DEA, y a descalificar la investigación diciendo que era «un vulgar montaje».

Apeló a los sentimientos del jurado al decir que «en sus manos está que estos dos hombres regresen a casa con sus familias».

Rody dijo que su cliente Flores de Freitas y su primo Campo Flores no tenían idea de lo que estaban haciendo. Ellos no tenían experiencia, ni conocimiento de cómo se hacía un negocio de narcotráfico. «Lo que se escucha en esas grabaciones que el gobierno dice que es la cara de la prueba es sólo una fanfarronería ya que mis clientes nunca tuvieron la intención o la capacidad de sacar el trato».

Rody aseguró que los acusados fueron atrapados por algunos de los «peores, corruptos y engañosos informantes» que tiene la DEA.

Señaló cómo la fiscalía renunció a su declarante confidencial, José Santos Peña, y rompió su acuerdo de cooperación después de que la defensa jugó grabaciones de su presunto tráfico de drogas desde la cárcel.

Rody explicó que Santos Peña es un miembro del cártel de Sinaloa, que tiene una relación muy cercana con El Chapo Guzmán y que se encargó de hacerle negocios al narcotraficante Pablo Escobar.

Acotó que fue Santos Peña quien habló de traer las drogas a los Estados Unidos. No hay evidencia de que el envío de drogas iba a los Estados Unidos.

Señaló que Santos Peña fue sólo uno de varios informantes corruptos que vieron una gran recompensa o una condena reducida por delitos cometidos en el pasado si podían ayudar a la DEA a condenar a un miembro de la familia presidencial venezolana.

El abogado mostró a los acusados y dijo «señores, esto es lo más crítico que haya ocurrido en las vidas de Campo y Flores. En sus manos está que estos jóvenes regresen a casa con sus familias».

Por su parte, Randall Jackson repitió los alegatos de que sus clientes provienen de una familia modesta y trabajadora y que ellos tenían una vida sencilla en Venezuela. «Su familia es la que tiene poder, ellos no», acotó.

Aseguró que sus clientes fueron víctimas de una trampa confabulada por la DEA y el gobierno estadounidense, pues la idea de traer la droga a Estados Unidos no fue de ellos sino de los informantes. «Fue una operación encubierta, un escenario creado para atraparlos. Nunca les encontraron drogas reales”, afirmó Jackson.

El abogado de Campo Flores dijo que la investigación realizada por el gobierno tiene serios problemas. «mis clientes sí sostuvieron reuniones con unos narcos que eran informantes de la DEA, pensando que podrían ganar hasta 20 millones de dólares a cambio de hacer nada, de tan inexperto que son».

El fiscal Bove respondió a los puntos más críticos de la defensa. Dijo que el objetivo de los acusados, en parte, era obtener dinero en efectivo para contrarrestar el dinero que ellos creían que Estados Unidos estaba suministrando a la oposición antes de las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela celebradas en diciembre de 2015.

Bove dijo que el jurado debe centrarse en las evidencias conformadas por grabaciones,vídeos, audios, mensajes de texto y telefónicas que muestran que los sobrinos estaban «ansiosos y entusiasmados de hacer tratos con drogas».

Este viernes en la mañana comenzarán las deliberaciones del jurado. A primera hora se realizará la reunión con el juez Paul Crotty para dar las instrucciones finales sobre los temas legales y los delitos que se deben observar para emitir el veredicto.

Es probable que el resultado de las deliberaciones se conozca este viernes en la tarde o el lunes al medio día.