Fiscalía abre nueva investigación por Ayotzinapa
La fiscalía mexicana confirmó que ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y ha tomado declaración a más militares que fueron testigos de los ataques a los jóvenes hace un año en Iguala.
«No es caso cerrado, las investigaciones continúan. Hoy les informo que hemos abierto otras líneas de investigación en las cuales tenemos identificados a más autores materiales», dijo hoy la fiscal, Arely Gómez, en una comparecencia en el Senado.
Durante varias horas, Gómez respondió a las preguntas de los senadores, en su mayoría sobre la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.
Aunque no dio detalles sobre cuáles son las nuevas líneas de investigación, sí confirmó que la institución está estudiando la hipótesis sugerida por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un informe presentado en septiembre pasado, los especialistas señalaron que el traslado de droga oculta en uno de los autobuses tomados por los estudiantes pudo ser el móvil del crimen.
Los expertos mencionaron el tráfico de drogas entre EE.UU. y el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y hoy la fiscal dijo que ya se pidió «asistencia técnica jurídica a Estados Unidos, en particular a Chicago».
«Tenemos en autos las declaraciones del chófer, ampliación de su declaración, tenemos el camión asegurado», señaló la procuradora, quien contó que se va a hacer una inspección para ver si quedan indicios de que se transportara droga en esa unidad.
Los militares
Gómez también se refirió a una de las principales polémicas que ha suscitado este caso, la negativa a que los militares que presenciaron los ataques aquella noche sean entrevistados por el GIEI.
Las entrevistas a militares del 27 Batallón, con sede en Iguala, se han «pedido a otro área de Gobierno, pero yo estoy en la mejor disposición y creo que el secretario de la Defensa (Salvador Cienfuegos) también», para que puedan hacer sus preguntas a través del Ministerio Público, afirmó.
Además, Gómez precisó que en los últimos meses, y «en particular todo agosto», han recabado las declaraciones de ocho nuevos militares que «en ese momento estaban en activo» y se han hecho ampliaciones de las declaraciones ya tomadas.
En declaraciones a Efe, el abogado de las familias de los jóvenes, Vidulfo Rosales, dijo que aunque «son importantes», las declaraciones de los militares no son suficientes, por lo que «tiene que trazarse una línea de investigación» sobre el supuesto papel del Ejército en los hechos y llevarse a cabo «diligencias».
Gómez anunció además que una versión pública del expediente será puesta a disposición de la ciudadanía a partir de la próxima semana en el portal de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
El documento, que consta de 53.928 hojas distribuidas en 85 tomos y 13 anexos, fue elaborado en su totalidad por la PGR y verificado por el órgano de transparencia, a fin de garantizar la protección de datos personales, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Pese a esta protección, en opinión de Rosales la publicación supone un riesgo para la seguridad de las víctimas y para los estudiantes supervivientes que han dado un testimonio «que resulta fundamental en la investigación».
En su opinión, se debería de haber discutido con las víctimas cuáles son las partes del expediente que se tienen que hacer públicas porque «publicar todo de manera indiscriminada puede tener algunas afectaciones».
Las investigaciones
La fiscal Gómez reveló también que, «a petición de muchas voces», el expediente fue remitido este jueves a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, dirigida por Eber Omar Betanzos Torres, «que integrará un grupo de trabajo para atender esta averiguación en una segunda fase».
Hasta ahora, la investigación estaba en manos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), pero los familiares habían pedido que pasara a otra instancia debido a las irregularidades en las pesquisas detectadas por organismos internacionales.
La fiscal se refirió también al nuevo peritaje que habrá en la hoguera del basurero de Cocula, donde miembros del cártel Guerreros Unidos aseguran haber quemado a los jóvenes, y explicó que un equipo de ocho expertos en fuego y antropología forense procedentes de cinco países lo llevarán a cabo.
La presencia del grupo de expertos ya está confirmada, solo falta que el subprocurador de Derechos Humanos envíe las cartas de invitación, debido al «cambio de adscripción de la investigación».
Entre los expertos están Enelio Torres-García, del Instituto Mexicano del Petróleo, quien ya participó en el primer peritaje oficial, y Mario Saldaña, quien ha expresado opiniones favorables a la versión de la PGR sobre lo ocurrido en Cocula.
La fiscal anunció que el próximo 4 de noviembre se realizará una nueva autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los tres estudiantes asesinados esa noche, con la presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colabora en el caso a petición de las familias de las víctimas.
