Expertos de la ONU piden el cese de las detenciones arbitrarias en Venezuela
Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas exigió este viernes al Gobierno de Venezuela el cese de las detenciones sistemáticas de los manifestantes y frenar el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles.
“Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles”, señalaron los expertos mediante un comunicado publicado en su portal..
Indicaron que esos actos constituyen «graves violaciones» a los derechos de libertad de reunión pacífica y de expresión. De igual forma reiteraron su preocupación por el enjuiciamiento de al menos cuatrocientos manifestantes en tribunales militares y la privación de libertad de la gran mayoría de ellos. “El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares”, recalcaron los expertos.
“El Gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos no sean privados arbitrariamente de su libertad, o penalizados de ninguna manera, por expresarse y protestar pacíficamente. Las protestas no deben ser criminalizadas”, enfatizaron.
Los expertos sostuvieron que miles de personas han sido privadas de su libertad desde abril del 2017 en el marco de protestas públicas.
Libertad para Ledezma y López
Asimismo llamaron a las autoridades a poner en inmediata libertad los dirigentes de oposición Leopoldo López y Antonio Ledezma, recientemente transferidos a centros de detención tras la revocación de sus arrestos domiciliarios. Este último volvió a tener casa por cárcel la madrugada de este viernes.
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró que la privación de libertad de ambos violó sus derechos.
Los expertos también expresaron grave preocupación por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas por parte de los agentes de estado y de los civiles armados ‘colectivos’, que fueron acusados de intimidar, agredir, detener e incluso dar muerte a algunos manifestantes.
Recordaron al Gobierno venezolano la «prohibición absoluta» de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
