Estado colombiano pagará cifra millonaria a Piedad Córdoba por «escuchas ilegales»
El Estado colombiano tendrá que pagar una millonaria indemnización a la exsenadora Piedad Córdoba por «las chuzadas», como se conoce en el país al escándalo de llamadas interceptadas hechas contra opositores y periodistas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Así lo decidió el juez 38 administrativo del Circuito de Bogotá, que condenó al Estado porque Córdoba fue víctima de escuchas ilegales desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y eso supuso una violación de su «intimidad, honra y buen nombre».
De igual forma el fallo, que señala que desde el DAS se promovió la publicación de información de desprestigio para relacionar a Córdoba con un grupo al margen de la ley, ordena al Gobierno realizar en menos de 30 días un acto para pedir perdón a la excongresista.
Por este caso Córdoba demandó al Estado colombiano y le exigió una indemnización de 3,2 millones de dólares. El fallo de este viernes no especifica cuál sera la suma que recibirá la exsenadora.
Por «las chuzadas» fueron condenados el exsecretario de la Presidencia de Colombia Bernardo Moreno y la exjefa del DAS María del Pilar Hurtado, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2017 también fue condenado a 7 años, 10 meses y 15 días de cárcel el exdirector del DAS Jorge Noguera como coautor del delito de concierto para delinquir agravado en ese escándalo por realizar «interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden de autoridad judicial».
La sombra de «las chuzadas» reapareció en julio pasado luego de que tres congresistas denunciaran que fueron víctimas de escuchas ilegales.
Los senadores Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo; Roy Barreras, del Partido de la U y cercano al expresidente Juan Manuel Santos, y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, enviaron una carta al mandatario colombiano, Iván Duque, en la que denunciaron «operaciones de descrédito» en su contra por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
