El juicio a los sobrinos, por Javier Ignacio Mayorca
Para este lunes 7 de noviembre está pautado el inicio en una corte federal de Manhattan del juicio oral contra Efraín Campo Flores y Franqui Fracisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial acusados de conspiración para traficar drogas a Estados Unidos.
Según el Instituto de Información Legal de la Universidad de Cornell la conspiración es un “acuerdo entre dos o más personas para cometer un acto ilegal, junto al intento de lograr el objetivo de ese acuerdo”. En el caso del Código Penal estadounidense, la cantidad mínima de drogas requerida para una acusación de este tipo es de 5 kilos de una sustancia controlada o prohibida, según los listados que se manejen en el momento de la investigación.
En el caso de Flores y Campo, se sabe que la cantidad involucrada en esta oportunidad fue 800 kilos de cocaína. Eso fue lo negociado entre ellos y los testigos e informantes confidenciales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
La conspiración, por lo tanto, no se imputa solamente porque los sobrinos de la pareja presidencial hayan sido señalados por terceros como principales actores del delito investigado, sino también porque fueron grabados en audio y video, así como también fotografiados cuando ultimaban detalles de la operación en Venezuela, Honduras y Haití.
Conspirar para llevar drogas no es transportarlas efectivamente, sino la sucesión de actos preparatorios para esta forma de tráfico. Sin embargo, había que obtener alguna evidencia de que los investigados de hecho tuvieron acceso y estaban en capacidad de llevar el alijo. Eso es suficiente, y según las leyes estadounidenses es un delito que puede ser penado con igual dureza que una operación concreta de tráfico de sustancias prohibidas.
El juicio en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York comenzará casi un año después de la captura de Flores y Campo en el restaurant del hotel Savotel, cercano al aeropuerto de Puerto Príncipe. Tanto el gobierno venezolano como los abogados defensores sostuvieron que lo ocurrido en la capital haitiana había sido un “secuestro” al estilo de los practicados en múltiples oportunidades por agentes de la agencia antidrogas estadounidense durante las últimas dos décadas del siglo pasado en México, Colombia y Venezuela. Pero la realidad era otra: los documentos del expediente confirman que los venezolanos fueron capturados por una fuerza de tarea antidrogas de la isla, y entregados de inmediato gracias a una orden ejecutiva del gobierno haitiano, firmada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública Pierre Richard Casimir.
Ante la evidencia documental, la moción de descartar las pruebas obtenidas en Haití fue rechazada por el juez del Distrito Sur de Nueva York Paul Crotty. La misma suerte han corrido las peticiones de los defensores para conocer las identidades de los informantes y testigos, impedir que se mencione a las FARC como suplidores de la cocaína y evitar que se señale el nexo de los enjuiciados con la pareja que actualmente gobierna en Venezuela.
Todo apunta, entonces, a que este juicio será relativamente sencillo y breve, con un desenlace inculpatorio para Campo y Flores. El fiscal Preet Bharara planteó desde un principio la pena de cadena perpetua para ambos.
Pero es poco probable que este proceso finalice con una sentencia que los ponga tras las rejas por el resto de sus días. Generalmente, las penas impuestas en estos casos giran en torno a los veinte años de prisión. Incluso pueden ser menores, tal y como le sucedió al comisario venezolano Adolfo Romero.
Aún así, a estas alturas los costos para los sobrinos de la pareja presidencial, e incluso para el gobierno venezolano, parecieran ser altísimos. Por una parte, ya la Fiscalía y la DEA han asomado que Campo y Flores posiblemente formen parte de una conspiración más amplia. Durante una de las audiencias previas al juicio el agente especial de la DEA Sandalio González III mencionó el nombre del actual inspector general de la policía judicial, comisario Bladimir Flores (hermano de la Primera Dama), como la persona que supuestamente hizo arreglos para la reunión en Honduras entre Campo, Flores y el empresario Carlos Amílcar Leva Cabrera, alias el Sentado, de 50 años de edad, asesinado en San Pedro Sula en diciembre de 2015, es decir, un mes después de la captura de los sobrinos en Haití.
El grupo policial estadounidense que participó en las investigaciones contra Campo y Flores manejó la hipótesis de que las ganancias del tráfico de drogas serían encaminadas, total o parcialmente, al financiamiento de la campaña oficialista para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Campo y Flores negaron esta posibilidad cuando fueron interrogados por primera vez, mientras volaban entre Haití y Nueva York. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han insistido en esta posibilidad. Los datos al respecto posiblemente serán ventilados durante el juicio que comenzará el 7 de noviembre.
Campo y Flores correrán con las consecuencias de la decisión que ambos tomaron en mayo, cuando entregaron la responsabilidad de la defensa a abogados cuyos honorarios son pagados por el empresario petrolero y de medios Wilmer Ruperti. Este no es el espacio para considerar la existencia de conflictos de interés para alguien que, por una parte, cancela los costos de la defensa, y por la otra contrata con el Gobierno. Pero es un hecho que la alternativa para los acusados, cuando vean que las cosas no marchan bien para ellos, será despedir a los abogados y pedir defensores públicos. Lo otro sería caminar derechos hacia un largo período en una penitenciaría estadounidense.
