EEUU tiende un cerco a la defensa de sobrinos de Cilia Flores
La fiscalía de Nueva York encabezada por Preet Bharara tendió un cerco legal a la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas según explica un documento entregado a la corte por el ente acusado fechado el 31 de agosto de 2016.
El Gobierno sostiene en un documento de 13 páginas que la solicitud de la defensa de los Flores es excesivamente amplia, en especial lo relacionado con la anulación de las evidencias principales de la acusación aprobada por el Gran Jurado y la petición de restringir el alcance de cualquier testimonio de fuentes confidenciales de la DEA en la audiencia de supresión prevista el 8 de septiembre y 9 de septiembre, 2016.
Bharara dice que en las audiencias sólo se tocarán aquellos temas que son necesarios para solucionar las reivindicaciones de expoliación de los acusados.
En el memorando del gobierno se explica que hubo un acuerdo entre las partes «con respecto a limitaciones y el alcance de los cuestionamientos y testimonios durante la audiencia con relación a tres tipos de dispositivos de grabación de alta sensibilidad que se utilizaron para grabar subrepticiamente declaraciones de los acusados durante la investigación».
La fiscalía neoyorquina solicitó formalmente al tribunal una serie de limitaciones para las audiencias de pruebas que tendrán lugar el 8 y 9 de septiembre en la cual los primos Flores serán confrontados por los fiscales del gobierno para evitar que se produzca la eliminación de las evidencias que sustentan la acusación.
En el documento, el Fiscal Bharara señala que la solicitud de la defensa se extralimita a lo establecido en la ley, y que las peticiones de ambos acusados no podrán ser acordadas a su favor, motivado a que las mismas se sustentan en eventos reales, apegados a la ley y que las mismas son parte importante de la acusación.
Entre la solicitud de la defensa se pidió que fueran eliminadas las confesiones de los dos acusados ofrecidas a los agentes de la DEA en el avión que los trasladó desde Haití a Nueva York, y donde los Flores admitieron que habían cometido el delito del que se les acusa.
La Fiscalía advirtió que no es posible revelar las identidades de los informantes confidenciales de la DEA, quienes son protegidos por su seguridad e integridad.
Aparece en los documentos de la fiscalía las citaciones de los testigos citados a declarar, a la vez que se explica que las peticiones de la defensa a los testigos, entre ellos la entrega o muestra de correspondencias electrónicas o en papel, memorandos y otros aspecto de comunicación que representan evidencia del caso no serán entregados.
La Fiscalía reiteró que la defensa de los sobrinos de Cilia Flores se ha extralimitado en la solicitud de información y que la información entregada en la etapa de descubrimiento es suficiente para que los abogados de los acusados se preparen para el juicio que fue fijado para el 7 de noviembre de 2016.
Especificaciones de la fiscalía
De acuerdo a lo expresado por el fiscal Bharara en la próxima cita con los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela en la corte de Manhattan se discutirá con el juez Paul Crotty los aspectos jurídicos que determinarán porqué las confesiones de los dos acusados con los agentes de la DEA no podrán ser eliminadas de las evidencias que llevarán al juicio.
Asimismo, el ente acusador dejó claro que no está previsto que se produzca la eliminación de las pruebas en las cuales el hijastro de Nicolás Maduro manipula un paquete de cocaína, ni las conversaciones que sostuvieron en las reuniones con los socios y los narco que llevarían la droga a los EEUU.
Asimismo, la fiscalía adelanta la posibilidad de negación de la llamada Ley de Particulares solicitada por la defensa para desmontar la acusación del gobierno contra los dos familiares del la pareja presidencial venezolana.
La intención de la fiscalía es dejar en claro desde el punto legal que a los acusados nunca se le vulneraron sus derechos, que ambos hicieron las declaraciones con conocimiento de los derechos Miranda, según los cuales, entre otras cosas, se acepta declarar al oficial sin el asesoramiento de un abogado.
La parte acusadora sostiene que las dos audiencias de prueba deben limitarse al estudio por parte de la corte de los aspectos que se requieren para que quede claro que el proceso está ajustado a derecho, que no hubo violación de las normas y que los derechos de los acusados han sido respetados en su totalidad por el gobierno.
Bharara sostiene que los métodos usados por los agentes de la DEA, investigadores y testigos son legales y aceptados por los tribunales, y que los mismos se ajustan a lo establecido en las normas, negando toda posibilidad que los mismos hayan sido manipulados o expoliados, tal como refirió la defensa en un documento entregado a la corte el 2 de julio de 2016.
En el documento del fiscal se recuerda además que los agentes de la policía de Haití y los agentes de la DEA se identificaron a la hora de producirse el arresto el 10 de noviembre de 2015. Que todo el procedimiento se hizo apegado a la ley haitiana y que luego fueron entregados a las autoridades norteamericanas y trasladados a Nueva York, tal como procedía en estos casos.
Las confesiones hechas por los acusados en el avión tiene absoluta validez, las mismas no fueron hecha bajo coerción sino de manera voluntaria tal como expresan los anexos en los que se destaca los documentos de los Derechos Miranda firmados de puño y letra de los acusados dice el reporte.
Igualmente aclara que el gobierno no expolió pruebas, no desapareció evidencias tal como lo señala la defensa.
Los abogados de los sobrinos de Cilia Flores enviaron una lista de posibles testigos en el caso, entre quienes se destacan tres fuentes confidenciales identificadas por el gobierno de los EEUU con el código referencia Cses; dos tripulantes del avión de la DEA en el cual viajaron los primos Flores desde Haití a Nueva York, los cuatro agentes especiales de la DEA que participaron en el caso, a saber: Leith Habayeb, Sandalio González, Robert Zachariasiewicz, y Kimojha Brooks.
Vale destacar que de las 10 citaciones el gobierno admitió nueve y luego la defensa extrajo 2 correspondientes a los pilotos del avión. La otra citación corresponde a un informante de la DEA que fue asesinado en Honduras tres meses después de ser capturados los primos Flores, y que aparece en el caso con el alias El Sentado.
Leer más sobre el tema en «Venezuela política», de Maibort Petit
