EE. UU: La corrupción de Maduro ha agravado la crisis del pueblo venezolano
Así lo consideró un informe del Departamento de Estado, que denunció la violación a los derechos humanos por parte del oficialismo
Concluyente informe desde Washington con respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela. El Departamento de Estado de EE. UU. acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y tratos crueles e inhumanos contra los detenidos, al tiempo que denunció que «la corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano» y ratificó su apoyo a Juan Guaidó como presidente (e) de nuestro país.
El informe del despacho que dirige el secretario de Estado Antony Blinken detalla que «si bien Venezuela es legalmente una república constitucional multipartidista, el régimen autoritario ilegítimo liderado por Nicolás Maduro usurpó el control del poder ejecutivo, judicial, ciudadano y los poderes electorales del gobierno, y mantuvo un cuerpo legislativo ilegítimo junto al electo existente«.
Al respecto, observa que «el 6 de diciembre, el régimen ilegítimo de Maduro organizó elecciones parlamentarias amañadas a favor del régimen, y casi 60 países y organismos internacionales declararon públicamente que las elecciones no fueron ni libres ni justas«.
Derechos humanos restringidos
Asimismo, apunta que la gestión oficialista «cometió ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, y casos de trato cruel, inhumano y degradante, así como la privación de libertad de cientos de personas por razones políticas».
En este sentido, refiere que las ONG Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights documentaron 753 desapariciones forzadas de detenidos políticos entre 2018 y junio de 2020, además de destacar que una investigación de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas que preside Michelle Bachelet arroja que casi todas las personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fueron sometidas a desapariciones forzadas durante períodos de siete a 40 días después de su arresto.
Sobre las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, resalta que «los grupos de derechos humanos informaron que el régimen siguió influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de manera selectiva y subjetiva«, mientras añade que «las golpizas y el trato humillante de los sospechosos durante los arrestos eran comunes e involucraban a varias agencias de aplicación de la ley y al ejército controlado por el régimen ilegítimo de Maduro«.
En el tema carcelario, el Departamento de Estado concluye que hay evidencias de «hacinamiento, escasez de alimentos, con condiciones sanitarias y atención médica inadecuadas, además de violencia sistémica y mala infraestructura«.
Intimidación y Arco Minero
Por otro lado, el informe enfatiza que «el régimen ilegítimo de Maduro utilizó al poder judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas con las políticas o acciones del régimen«, y agrega que aunque para el 31 de agosto de año pasado, la gestión oficialista anunció el ‘indulto’ de 110 presos políticos, los mismos eran condicionales, amenazando con rescindir el beneficio si alguna persona «volvía a cometer cualquier acto de terrorismo, violencia o golpista«.
El Departamento de Estado también hace mención con lo que está ocurriendo en el denominado Arco Minero: «Las comunidades indígenas informaron que el régimen ilegítimo de Maduro desarrolló y expandió zonas mineras sin consultar a los nativos de la región, lo que resultó en un aumento de la degradación ambiental, la contaminación del agua y la malaria«, mientras puntualizan que «grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tuvieron una presencia considerable en la zona, aumentando el nivel de violencia e inseguridad en las comunidades«.
Libertad de expresión
En materia de libertad de expresión, remarca las agresiones que han recibido algunos medios de comunicación por parte del madurismo, contradiciendo los artículos establecidos en la Constitución Nacional. «La ley establece la libertad de expresión, incluida la prensa, pero la combinación de leyes y reglamentos que rigen la difamación, la calumnia y el contenido de los medios, así como el acoso legal, la intimidación física de las personas y los medios de comunicación, y la influencia ejecutiva en el poder judicial resultó en importantes represión de estas libertades«.
«El régimen impuso serias restricciones a la libertad de expresión, a la prensa e internet, bloqueando rutinariamente las señales e interfiriendo con las operaciones, o cerrando medios de comunicación de propiedad privada«
concluyó el Departamentó de Estado de EE. UU.
Pandemia
El informe no deja la grave situación ocasionada por el coronavirus, al señalar que «los trabajadores de la salud estuvieron gravemente expuestos al covid-19 debido a la falta de equipo de protección personal. El régimen ilegítimo de Maduro tomó medidas enérgicas contra los profesionales médicos que hablaban sobre las realidades que enfrentaban en su trabajo«, resaltó el detallado informe del Departamento de Estado.
