Defensa pide eliminar declaraciones sobre parlamentarias hechas por los Flores
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, pidieron a la corte- a través de una moción previa al juicio -impedir la admisión de las declaraciones hechas por los acusados al informante confidencial (CS-1) de la DEA en un encuentro que se sostuvo en Caracas con el 23 de octubre de 2015 y que se relacionan con el financiamiento de la campaña electoral de Cilia Flores a las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre de 2015.
Según los abogados de los primos Flores «esas declaraciones fueron instigadas por los informantes confidenciales del Gobierno, e implican las relaciones internacionales entre los Estados Unidos y Venezuela en relación con las elecciones parlamentarias venezolanas».
Los abogados insisten que las declaraciones politizadas no tienen valor probatorio y que representan un alto riesgo de confusión para los miembros del jurado, lo que puede causar la voluntad sesgada, lo cual es de gran perjuicio a los demandados.
Los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas argumentaron en el memorando que «las declaraciones deben ser excluidas porque el gobierno sabía de antemano que los acusados eran familiares del presidente y la primera dama de Venezuela antes de enviar a CS-1 y CS-2 a Caracas a finales de octubre de 2015».
Recalcaron que los investigadores de la DEA estaban llevando a cabo la operación que reflejaba que los acusados eran descritos como sobrinos del presidente venezolano, y que supuestamente estaban participando activamente en el tráfico de drogas.
Señalan que en el momento que CS-1 y CS-2 fueron a Caracas se tenían previstas las elecciones parlamentarias para diciembre de 2015. Esas elecciones fueron discutidas entre los acusados, CS-1 y CS-2 durante las conversaciones grabadas en secreto.
En concreto, al 23 de octubre de 2015 hubo una reunión en la cual CS-1 planteó el tema de la próxima elecciones con los demandados, declarando: «Te voy a enviar un cheque muy grande para tu madre. . . porque en este momento la campaña es más importante, y porque si gana la campaña … esto va a seguir trabajando.»
Según los abogados de los sobrinos presidenciales, la declaración de CS-1 instigado una discusión sobre la participación de los Estados Unidos en la venezolana elecciones fue deliberada. Aclaran que Campo-Flores dijo al informante que «necesitaban el dinero porque los Estados Unidos nos están golpeando duro con dinero. ¿Lo entiendes? La oposición está recibiendo una infusión de una gran cantidad de dinero y por lo tanto, también nosotros, es por eso que estamos en guerra con ellos».
Más adelante en la conversación, CS- se refiere a la «guerra interna con los estadounidenses.» A lo que Campo Flores declaró: «Los EEUU están en guerra con todo el mundo, pero aquí no dejamos entrar a nadie. . . Nosotros estamos en guerra con Estados Unidos. . . con Colombia. . . con la oposición».
Los abogados aclaran que esas referencias a la «guerra» por parte de Campos Flores bajo la dirección de CS-1 puede generar la percepción no solo en Venezuela, sino también en otros lugares, que Estados Unidos interfiere en el asuntos políticos de Venezuela.
Los defensores dice que Campos Flores parecía estar diciendo a CS-1 que los Estados Unidos estaba canalizado dinero para el partido de oposición en Venezuela, que se considera interferencia con la soberanía de Venezuela. Esta creencia está conectada en su totalidad con la relación hostil entre los dos países.
Los abogados argumentan ante el juez Paul Crotty que «Dado que estas declaraciones no son más que la charla ociosa de política, la misma es irrelevante para la acusación de conspiración que es por lo que se está procesando a los acusados. Según ellos, estas declaraciones son propensas a llevar a un estado de confusión al jurado, lo que crea perjuicio de los acusados.
Aseguran que cualquier valor probatorio de las declaraciones se empequeñece por el riesgo de confusión que pueden generar en los miembros del jurado «porque requerirá que el jurado debe desentrañar la relación complicada y tensa que existe entre los Estados Unidos y Venezuela».
Afirman que hay una historia bien documentada enconada entre los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, comenzando con el ascenso al poder de Hugo Chávez. La amarga relación ha planteado numerosas disputas fácticas sobre la interferencia de cada país en el asuntos internos del otro.
Manifiestan que las declaraciones de CS-1 o Campo Flores señalando que los Estados Unidos y Venezuela están en «guerra» va a afectar a los demandados «ya que hará sonar frente a los miembros del jurado que los demandados son combatientes enemigos de los Estados Unidos».
Los tribunales deben excluir esas declaraciones ya que las mismas inflamarían la idea frente al jurado que los acusados son enemigos políticos de los Estados Unidos.
Dice que si bien no existe una prohibición general en contra de la introducción de pruebas relacionada política y con el conflicto exterior, el Segundo Circuito ha dejado claro en otros casos criminales que «el valor probatorio de dichas pruebas debe sopesarse cuidadosamente frente a sus efectos perjudiciales».
Dicho de otra manera, «la creencia de que Estados Unidos interfiere en la política venezolana es totalmente irrelevante para determinar si los acusados estaban consciente e intencionadamente involucrados en una conspiración de narcóticos.
La defensa criticó que el gobierno haya indicado que se propone introducir estas pruebas solamente con un mínimo valor probatorio, sin considerar que ese supuesto valor probatorio será abrumado por el perjuicio que representa para los acusados que «sean vistos por el jurado como combatientes enemigos de los Estados Unidos».
Asimismo, los abogados sostienen que el gobierno pretende generar la imagen de «mala conducta por parte de los demandados».
Como ejemplo colocan en la solicitud a la corte una parte de la transcripción de una conversación, cuyo estrato es el siguiente:
CS-2: En México [U / I] …// [U / I]
CAMPO: Voy a [U / I] para usted. // [U / I]
CAMPO: Se les puso en la cárcel por aquí.
CS-2: Una orden de [U / I] enviar …
CAMPO: No, aquí …
CS-2: … [U / I].
CAMPO: … que los envíe a la cárcel durante quince años.
CS-2: [U / I] para mí [U / I] …
CAMPO: [U / I].
CS-2: … [U / I].
CAMPO: [Risas]
CS-2: [U / I]. [Risas]
Los abogados acotan que «como se desprende de la transcripción, la casi totalidad de la conversación es ininteligible y por lo tanto, no tiene valor probatorio. Sin embargo, las pocas palabras traducidas con intercalados conllevan un alto riesgo de perjuicio injusto para los demandados».
Parece ser que el Gobierno interpreta esta declaración para sugerir que los demandados y el gobierno venezolano encarcelan a su oposición política. Esta interpretación está hecha enteramente sin el apoyo de la transcripción real, que no ofrece ninguna orientación en cuanto a lo que en realidad se hace referencia, y sólo por esta razón, debe excluirse.
Aseguran que la conversación, si es admitida, constituiría un elemento altamente perjudicial para los acusados, ya que no tiene conexión con este caso en absoluto.
