Cristina Fernández podría ser sentenciada a 12 años de cárcel y una inhabilitación perpetua por corrupción
Una pena de 12 años de prisión y una inhabilitación política perpetua, es la medida que exigió este lunes el fiscal Diego Luciani contra la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Y es que la exmandataria quien ostentó el poder en la nación gaucha entre los años 2007 y 2015, es objeto de un juicio oral que se le sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando estuvo al frente de Argentina.
De la misma manera se solicitó para el exsecretario de Obras Públicas, José López, una pena de 10 años de cárcel, al igual que la inhabilitación política perpetua para optar por cargos públicos, tras ser señalado por delitos de asociación ilícita agravada, por su calidad de organizador, además del delito de administración fraudulenta agravada al Estado. La misma pena solicitó para el extitular de Vialidad Nacional Néstor Periotti.
“Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, concluyó el fiscal Diego Luciani, antes de pedir que Cristina Kirchner sea condenada a pena efectiva de 12 años de prisión al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria, en concurso real.
En la última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. Además, pidió que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5.300 millones de pesos.
“Lamentamos profundamente lo que hemos constatado en esta causa. Vimos y comprobamos cómo el Estado de derecho fue arrasado por la acción ilegal de los imputados. Describimos un sinnúmero de arbitrariedades, abuso de poder, atropellos constantes de las normas que regulan la recta contratación pública”, alegó Luciani.
Indicó que todo este entramado en el que se ve involucrada Fernández de Kirchner, se hizo en pro de beneficiar de forma ilegal y de forma millonaria al grupo empresarial de Lázaro Báez, con quien los presidentes tenían innumerables negocios comerciales.
“La única forma de modificar este paradigma es transmitir conductas ejemplares desde los más altos cargos del Estado. Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia. Señores jueces, está en sus manos restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, agregó.
