Costa Rica se postula al Consejo de DDHH para evitar el ingreso del gobierno de Maduro
Costa Rica anunció este jueves su candidatura para uno de los dos escaños a los que tiene derecho Latinoamérica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La decisión tiene que ver con evitar que Venezuela obtenga uno de los puestos.
«Por las graves violaciones contra los DD.HH. que evidenció el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el régimen de Venezuela no es candidato adecuado para Consejo de Derechos Humanos de la ONU», indicó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en sus redes sociales.
«Costa Rica se propone como alternativa», apuntó el mandatario. Antes de este anuncio, por Latinoamérica solo figuraban como candidatos latinoamericanos al Consejo Brasil y Venezuela representada por el gobierno de Nicolás Maduro, a quien más de medio centenar de países no reconoce como presidente y le acusan de violaciones a los derechos humanos.
Alvarado dijo a los periodistas que esta acción es «consecuente» con su tradición de la defensa de los derechos humanos «en toda su extensión».
«Los derechos humanos no son algo colateral, fortuito ni regalado, son centrales para el desarrollo de una democracia, de la empresa privada y para la justicia de las personas», expresó.
Tras el anuncio de este jueves del presidente Alvarado, el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís (2014-2018), manifestó su apoyo, pues «las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos del régimen de Maduro inhabilitan moral y políticamente a Venezuela para ocupar un puesto en esa instancia».
El pasado 27 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó, este jueves, una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela, a solicitud del Grupo de Lima, del que forma parte Costa Rica.
La comisión «investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014» ocurridos en Venezuela, y presentará sus resultados al Consejo dentro de un año.
El texto «condena enérgicamente la extendida represión y persecución política en Venezuela», recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de seguridad desde 2018.
