Colombia expulsa a seis venezolanos por planear afectar el orden público
Migración Colombia expulsó en las últimas horas a seis venezolanos, dos mujeres y cuatro hombres, acusados de estar en el país «realizando actividades que afectarían el orden público y la seguridad ciudadana».
Los venezolanos fueron detenidos en diferentes procedimientos realizados de manera conjunta por Migración Colombia y la Policía, en Bogotá y el municipio de El Rosal, en Cundinamarca.
El director de Migración Colombia, Christian Krüger, aseguró en un comunicado de su despacho que Colombia acoge a los migrantes venezolanos pero advirtió que «tender la mano no quiere decir que vamos a alcahuetear que hagan en Colombia lo que quieran».
- Inameh: entre noviembre y enero se registrarán precipitaciones y temperaturas más bajas
- Foro Penal registra la liberación de 131 presos políticos
- Saab revela que se aplicaron 225 medidas de libertad a presos políticos
«Para el Gobierno colombiano el preservar el orden público y el garantizar la seguridad de todos aquellos que se encuentran en el territorio nacional, más allá de su nacionalidad, es un tema prioritario», añadió el funcionario.
Krüger recordó que por orden del presidente colombiano, Iván Duque, se continuarán realizando estos operativos porque «no vamos a permitir que unos cuantos afecten la tranquilidad de nuestras ciudades y dañen la imagen de un pueblo, como el venezolano, que llegó a Colombia huyendo de una dictadura y con ganas de volver a comenzar».
Con estos seis, ya son quince los venezolanos expulsados por la autoridad migratoria colombiana en los últimos tres días.
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) más de cuatro millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis económica, de los cuales al menos 1,4 millones han llegado a Colombia.
Además, Migración Colombia también expulsó a mediados de semana a otros siete extranjeros acusados de estar en el país para infiltrar la jornada de protestas del próximo 21 de noviembre contra la política económica del Gobierno con el fin de alterar el orden público.
Según los organizadores de las protestas, con estas medidas se busca autorizar el pago a jóvenes del 75 % del salario mínimo, permitir la contratación por horas y aumentar el porcentaje de cotización al sistema de pensiones, cambios en la seguridad social que el Gobierno ha dicho en varias ocasiones que no están en sus planes.