CIDH mantiene a Cuba y Venezuela en su “lista negra”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Nicaragua en su «lista negra» y mantuvo a Cuba y Venezuela, que entraron por primera vez en 1984 y 2005, respectivamente, según figura en su informe anual publicado este jueves.
El Capítulo IV de ese informe, presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y que se refiere a 2018, nombra cada año a los Estados donde el respeto a los derechos humanos merece la «atención especial» de la Comisión, con sede en Washington.
La CIDH decidió incluir a Nicaragua en su «lista negra», como se conoce popularmente el Capítulo IV, debido a las violaciones de derechos humanos registradas desde el pasado abril, cuando estallaron unas protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que han dejado 325 muertos, de acuerdo al propio organismo.
El documento recoge que el Ejecutivo nicaragüense ha rechazado el informe por considerar que no tiene rigor y estar politizado.
Nicaragua figuró por última vez en la «lista negra» en el informe relativo al año 1993 y después de haber sido incluido en ese listado cada año desde 1982.
Respecto a Venezuela, presente en la lista de cada año desde 2005, la CIDH asegura que se han «agravado» las condiciones «estructurales» que afectan los derechos de los venezolanos y han derivado en «una grave crisis política, social, y económica, al punto de que en la actualidad existe una ausencia del Estado de Derecho».
La Comisión se refirió a las elecciones celebradas el pasado mayo, que ganó el mandatario venezolano Nicolás Maduro, y cuyos resultados no fueron reconocidos por la oposición, lo que llevó al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a proclamarse jefe de Estado el pasado 23 de enero.
La CIDH no mencionó a Guaidó porque el informe se refiere a 2018, pero afirma que «el modo» en que se desarrollaron esos comicios de mayo «profundizó la crisis institucional».
Sobre Cuba, que ha aparecido en el listado cada año desde 1984, la CIDH advierte de «restricciones arbitrarias» al derecho al voto y a la libertad de expresión, así como de «violaciones» al debido proceso.
