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Chilenos piden poner fin al sistema privado de pensiones

Centenares de miles de personas se manifestaron hoy a las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile para pedir el término del sistema privado de pensiones, impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet.

La marcha más multitudinaria tuvo lugar en Santiago, donde según la Coordinadora «No+AFP», que convocó la protesta, se congregaron más de 350.000 personas.

Los manifestantes se reunieron en la Plaza Italia, el punto de encuentro para la mayoría de las marchas que se realizan en la capital. La columna avanzó hasta la Plaza Los Héroes, en el centro, sin que se registraran incidentes.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que aglutina a las federaciones universitarias y de secundaria, se sumaron a la movilización.

Las manifestaciones de protesta se repitieron en ciudades como Arica, Valparaíso, Talca, Valdivia, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, entre otras.

Los participantes pidieron la extinción del Sistema de Capitalización Individual, que entrega la administración de los fondos acumulados por los trabajadores a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La Coordinadora «No+AFP» ha organizado manifestaciones similares en los últimos meses, algunas con mayor éxito de convocatoria que otras.

El actual sistema fue impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet y obliga a los trabajadores a cotizar el 10 % de sus salarios a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que invierten los fondos en los mercados de capitales.

La dictadura mantuvo el sistema de reparto para Fuerzas Armadas, Carabineros (Policía militarizada) y otras instituciones afines, que disfrutan de altas pensiones, mientras los jubilados en las AFP cobran pensiones equivalentes a entre un tercio y un 50 % de los ingresos que recibían durante su vida laboral.

El Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha ofrecido crear una AFP estatal que regule mejor el sistema y un aumento de las cotizaciones desde el 10 % al 15 % de los salarios, a cargo de los empleadores.

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