Castillo desata las críticas al decretar un toque de queda en Lima
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas catalogó en un comunicado como "irresponsable e ilegal medida adoptada por el Gobierno"
El toque de queda decretado por el presidente peruano, Pedro Castillo, en Lima y su vecina provincia de Callao por el paro de transportistas desató este martes las críticas de políticos de todo signo, incluidos antiguos aliados, mientras los ciudadanos amanecieron sorprendidos por una medida anunciada poco antes de la medianoche.
La orden afecta a unos 11 millones de peruanos que habitan en las dos provincias, de los casi 33 millones que tiene la nación andina, pese a que la protesta que comenzó hace ocho días apenas ha tenido eco en la capital.
El ministro de Defensa, José Gavidia, explicó que el Gobierno decretó el toque de queda, que concluirá a las 23.59 horas de este martes, porque contaban con informes sobre posibles «movimientos y actos vandálicos generalizados».
Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, detalló en Twitter que el Ejecutivo recibió «reportes de inteligencia» y de dirigentes sociales «legítimos» que confirmaban esa información.
«Reportes de inteligencia y dirigentes sociales legítimos dieron cuenta que otros grupos estaban organizándose para crear el caos en Lima. Por eso, se tomó la decisión de la inamovilidad para preservar la seguridad de la población», escribió en esa red social.
El lunes hubo saqueos menores en las regiones de Ica, Trujillo, Ucayali, Cajamarca y San Martín, todas ellas alejadas de la capital, donde varias tiendas de gasolineras, mini-supermercados y una cervecería fueron asaltadas.
En todo caso, no se han producido casos similares en Lima o el Callao, pese a los diferentes rumores esparcidos.
Críticas de aliados
La decisión de Castillo desató las críticas de sus opositores, que son mayoritarios en el Congreso, pero también de políticos aliados como Verónika Mendoza, líder de la coalición progresista Juntos por Perú, quien criticó el toque de queda calificándolo de medida «arbitraria y desproporcionada».
«El Gobierno no solo ha traicionado sus promesas de cambio, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha: ningunear a quienes se movilizan con legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos», dijo en Twitter.
Por otra parte, quien fuera presidenta del Consejo de Ministros del gabinete de Castillo entre el 6 de octubre de 2021 y el pasado 31 de enero, Mirtha Vásquez, también mostró su rechazo en la misma red social.
«Los conflictos sociales no se solucionan con la represión ni imponiendo un estado de excepción que recorta derechos. Medidas autoritarias como esta solo exacerbarán el malestar ciudadano que sufre la crisis económica. ¡Hágase cargo presidente y busque salidas democráticas!», concluyó.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la principal patronal de Perú, se sumó a las críticas por lo que catalogó en un comunicado como «irresponsable e ilegal medida adoptada por el Gobierno».
A su juicio, la orden fue adoptada «de manera improvisada y sin la debida motivación constitucional».
«Esta medida es completamente desproporcionada y refleja indolencia frente al grave impacto económico y social que provocará en los trabajadores, pymes y emprendedores que viven del trabajo diario», afirmó.
La Confiep estimó «que esta paralización de un día en Lima Metropolitana y Callao, representaría una pérdida de más de mil millones de soles (unos 270,2 millones de dólares)», cuando lo que consideran que se necesita es «reactivar la economía y el trabajo».
