Caso Flores: Piden negar audiencia curcio sobre pagos de Ruperti
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Los abogados de Efrain Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas solicitaron al juez Paul Crotty negar la audiencia curcio solicitada por el fiscal Preet Bharara para tratar lo concerniente al pago de honorarios de la defensa hechos por el empresario chavista Wilmer Ruperti.
En una carta entregada este lunes los costosos abogados de los sobrinos de Cilia Flores: Randall W. Jackson, John T. Zach, Joanna Wright de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP y David M. Rody Michael D. Mann, Elizabeth Espinosa del bufete Sidley Austin LLP expresaron a la corte su oposición rotunda a que se realicen los cuestionarios presentados por el gobierno a los dos hombres acusados de conspirar para traficar a los Estados Unidos 800 kilos de cocaína.
En la carta dicen que Campos Flores y Flores de Freitas se oponen a los esfuerzos del gobierno para entrometerse indebidamente en las relaciones abogado-cliente y para inyectar una aparente agenda política en este caso.
Los abogados señalan que no debe realizar un procedimiento tan cuidadoso y exhaustivo como una audiencia Curcio para tocar el tema del pago de la defensa por parte del empresario chavista Wilmer Ruperti.
Alegan que ya se realizó una el pasado 12 de mayo de 2016. «Esa audiencia fue más que suficiente para hacer frente a cualquier posibles problemas de conflicto de intereses y ahora no hay base para volver a solicitar un nuevo encuentro con los acusados».
En mayo, los acusados y el gobierno solicitaron conjuntamente una audiencia Curcio sobre el pago de los honorarios de los abogados en este caso. En ese encuentro, se les explicó a los demandados el posible conflicto de intereses por el hecho que un sólo individuo pague ambas defensas. «La defensa reveló la identidad del pagador para que el gobierno pudiera revisar el fondo del asunto y analizar
si se cree que ha existido algún conflicto».
Por consiguiente -dice la carta- el gobierno ha conocido, al menos desde mayo, la naturaleza de la supuesto conflicto potencial que ahora está señalando que es necesario revisar.
Manifiestan los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana que las dos partes del caso presentaron a la Corte sus alegatos al respecto, y la corte adoptó una serie de preguntas para que los acusados conocieran directamente a la naturaleza de la conflicto potencial que el Gobierno advirtió en su carta.
Durante la audiencia, el tribunal aconsejó a los acusados los potenciales conflictos, a saber:
1)»El benefactor puede usar su poder de pago para tratar de influir en la estrategia de la defensa en perjuicio de uno o ambos acusados,
2) El benefactor puede persuadir a un abogado para asesorar a los acusados de no cooperar o no testificar en su propia defensa,
3) El benefactor puede tratar de influir en su testimonio a fin de evitar comprometer el interés del benefactor.
4) Es posible que quien está pagando la defensa pueda tener intereses diferentes a los intereses de los acusados y el juicio de los abogados pueden ser influenciado por el que paga la factura.
Los defensores de los Flores aseguran que ambos acusados acordaron renunciar a cualquier reclamo futuro «relativo a los aspectos de los presuntos conflictos potenciales». Asimismo, sostienen que ambos acusados dijeron ante el Tribunal que entendían la naturaleza de estos potenciales conflictos.
Campo Flores declaró que comprendía que «el posible conflicto de interés que podría surgir del hecho de que mis abogados están siendo pagados por un tercero y puede que no tenga la lealtad hacia mí». Del mismo modo, Flores de Freitas dijo estar claro que entendía que «mi abogado podría aceptar instrucciones de la persona que está pagando las cuotas y no las mías.», argumenta la defensa en la carta.
Los abogados de Campos Flores y Flores de Freitas dice que las preocupaciones expuestas por el gobierno en su solicitud de una segunda audiencia curcio son exactas a las anteriores, por lo tanto, ya han sido consideradas en la comparecencia del mes de mayo, cuando se les advirtió a los acusados directamente que «es posible que quien está pagando la defensa pueda tener intereses diferentes que los intereses de los acusados y los abogados puedan ser influenciados por el que está pagando la factura».
Los dos bufetes pagados por Ruperti aseguran que no hay ningún elemento nuevo que pueda generar conflicto potencial. Más bien, «admitiendo que el conflicto en sí fue abordado en mayo, el Gobierno afirma ahora que la información de varios informes de prensa «materialmente mejora la naturaleza del conflicto potencial».
La fiscalía considera que puede ser un conflicto, pero en realidad no lo es, reduciéndose a «una suposición teórica solamente», acota la defensa.
El conflicto potencial es sencillo: los intereses del pagador pueden diferir del de los acusados, lo que «puede crear peligros reales». No hay nada que «mejorar» sobre el conflicto potencial. En ninguno de los recientes informes de prensa se presenta un potencial conflicto diferente al ya advertido, aseguran los abogados.
Asimismo sostienen que el Gobierno no ha citado ninguna autoridad legal para apoyar la idea de que es necesaria una nueva audiencia Curcio. Solo usa este tipo de «preocupación nebulosa sobre el supuesto grado de un posible conflicto» que sin duda no es de una naturaleza diferente a los ya planteados anteriormente.
La fiscalía puede argumentar que, como cuestión práctica, sería más eficiente simplemente permitir la duplicación de las preguntas de los acusados. «No estamos de acuerdo» advierten, ya que «los acusados no deben ser sometido a un procedimiento innecesario e intrusivo por el solo capricho del Gobierno».
Finalmente sostienen que el gobierno «claramente no está dando uso adecuado al procedimiento de la audiencia Curcio», que es una herramienta esencial en la administración de justicia y que fue aplicada adecuada y suficientemente en mayo.
