Bachelet denuncia que persisten violaciones a los derechos humanos por Maduro

Luego de sostener la semana pasada una conversación con Nicolás Maduro que generó cierta polémica, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por la reducción del espacio cívico y democrático en nuestro país, que incluye la arremetida oficialista contra los medios de comunicación independientes, denunció la continuación de ejecuciones extrajudiciales, al tiempo que planteó la necesidad de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que garantice «las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes«.

En su discurso ante la sesión 46ª del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena detalló las represalias que ejecuta el régimen de Nicolás Maduro contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales, incluso si se trata de la propia Naciones Unidas.

«Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas«, apuntó Bachelet, quien además dio cuenta de las amenazas a venezolanos que han colaborado con su trabajo de seguimiento de la situación interna, así como contra personas que tuvieron alguna relación con la Misión Internacional de Hechos de la ONU, que este miércoles volvió a concluir que la gestión madurista está incursa en crímenes de lesa humanidad.

Protestas y represión

En su presentación oral sobre el caso venezolano, la alta comisionada señaló que desde septiembre del año pasado «el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria«, a los que se suma un salario por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año, lo que ha provocado que un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria, destacó Bachelet.

Sobre la represión, quien fuera jefa de Estado de Chile en dos oportunidades, indicó que «continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica«.

Drama humanitario

También tuvo palabras para la tragedia ocurrida en Güiria en diciembre pasado, donde 33 venezolanos perdieron la vida: «Fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de migrantes«.

«Me preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente, y acojo el nuevo acceso de mi Oficina a los centros de detención policial«

dijo Michelle Bachelet

En este contexto, la alta comisionada señaló que la asistencia humanitaria es aún más esencial, por lo se manifestó preocupada por las recientes iniciativas del madurismo para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos, al tiempo que pidió la reanudación de los proyectos suspendidos.

Ataques contra la sociedad civil

Por otro lado, Bachelet aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurre en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015 y sus familiares.

En cuanto a los ataques del madurismo a la prensa libre, Bachelet documentó que «tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones«.

Para la chilena «esto no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales«.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos finalizó su intervención recordando a las autoridades oficialistas su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para llevar a cabo procesos electorales confiables. «El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba para la credibilidad de las próximas elecciones«, sentenció Bachelet, que de nuevo abogó por «un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales«.