Bachelet: Cuerpos de seguridad de Maduro asesinaron a más de 2.000 personas entre enero y agosto

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó este viernes en la sesión del Consejo de Derechos Humanos su actualización del informe donde expone la crisis de Venezuela agravada en medio de la pandemia del covid-19.

Durante su intervención, Bachelet indicó que en el período del informe, su oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo detenciones de manifestantes, quienes protestan por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.

Asimismo, Bachelet resaltó que el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país.

“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad. Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2 mil asesinatos desde enero de 2020”, manifestó la alta comisionada.

«Muestran un patrón similar al documentado por mi oficina, en el que tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento».

Michelle Bachelet

Muertes del personal de salud

La alta comisionada indicó que a pesar de existir la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención, se deben mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad.

Asimismo, Bachelet informó que el 33 % de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud debido a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.

Elecciones parlamentarias

También expresó su preocupación ante las elecciones legislativas que Venezuela celebrará el 6 de diciembre, y denunció obstrucciones a los partidos opositores en los preparativos para esos comicios.

«Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que obstruyen las libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos, y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral», señaló Bachelet en su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La expresidenta chilena también expresó dudas sobre la composición de la Asamblea Nacional «sin un proceso inclusivo de consulta previa» y pidió a Venezuela seguir trabajando para «alcanzar condiciones para el desarrollo de unos procesos electorales creíbles, libres y equitativos».

Libertad de prensa restringida

Bachelet destacó que en Venezuela aún existen restricciones a la libertad de expresión. “Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”, refirió.

Al referirse a la crisis generada por el COVID-19, aseveró que la pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria.

“Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo”, acotó.

«Jaque mate para Maduro»

El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, afirmó que la nueva actualización del informe Bachelet sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela son un “jaque mate” para la dictadura de Maduro.

Prado señaló que lo expuesto por Michelle Bachelet ratifica las violaciones de derechos humanos en el país denunciadas anteriormente por la Oficina de la Alta Comisionada en sus anteriores informes.

Ante esto, el comisionado presidencial destacó que el informe reitera que en Venezuela continúan las detenciones a manifestantes, represión en protestas pacíficas, deficiencia de servicios público, escases de gasolina, muertes de manifestantes por fuerzas de seguridad, restricciones a la libertad de expresión, ataques contra defensores de derechos humanos, agresiones contra periodistas, estigmatización contra los migrantes que retornan al país.

Además, Prado destacó que Bachelet reiteró en la nueva actualización del informe la falta de condiciones en los centros de reclusión del país como: acceso a la salud, agua, alimentos y medicamentos, así como la falta de equipos de bioseguridad para los profesionales de la salud ante el COVID-19, así como la crisis alimentaria, desnutrición aguda infantil.

Defensa de Maduro

En respuesta al informe, el embajador de Maduro ante Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, dijo lamentar que éste «carezca una vez más del balance necesario, presente evidentes fallas metodológicas y una información sesgada que alimenta la campaña mediática contra Venezuela».

«No obstante, seguiremos abiertos al intercambio constructivo de información con la alta comisionada y su oficina», señaló, minutos después de que Bachelet también reconociera una mejora de la cooperación entre el organismo que dirige y las autoridades venezolanas.

Sobre los países latinoamericanos del Grupo de Lima, promotores de los informes periódicos sobre Venezuela en el consejo, Valero aseguró que «deberían preocuparse por las grandes violaciones de los derechos humanos que se cometen día a día en países de la región», citando entre ellos a Brasil, Colombia, Perú, Chile y Paraguay.