Así fue el impresionante traslado de 2.000 pandilleros a una macrocárcel en El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió la construcción de una nueva cárcel con capacidad para acoger a unos 40.000 presos y afirmó que esta megaobra, erigida en apenas siete meses, «es una pieza fundamental para ganar por completo la guerra contra pandillas».
El Gobierno de El Salvador trasladó la madrugada del viernes a 2.000 pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.
«Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)», publicó el mandatario en sus redes sociales.
Agregó: «Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población».
A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador.
Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta «se constituiría en la cárcel más grande de toda América» y que «sería imposible que salga un reo» del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.
Impresionante cárcel
La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que señaló la falta de transparencia, principalmente por la aprobación de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su «profunda preocupación».
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
