Vicepresidente en campaña
La declaración de Continuidad Administrativa del Presidente Hugo Chávez y su equipo de gobierno, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, además de constituir una evidente violación de la Carta Magna y un desconocimiento del mandato del Jefe del Estado que expuso públicamente al país en cadena de radio y televisión antes de partir para Cuba a realizarse un nueva operación quirúrgica, tiene como finalidad política facilitarle la campaña electoral a Nicolás Maduro, escogido y anunciado por el Comandante en Jefe como el candidato presidencial en el caso de una circunstancia sobrevenida, que no le permitiera terminar el período que se venció el 10 de Enero.
Posiblemente bien informados de que Hugo Chávez no podría cumplir con la disposición constitucional de juramentarse el 10 de Enero y ratificar a Nicolás Maduro como Vicepresidente para que hiciera campaña electoral desde esa ventajista posición, los Poderes Públicos controlados por el Ejecutivo se coludieron para evitar que quien se encargara de la Presidencia fuera el Presidente de la Asamblea, según lo establecido en la Constitución Nacional bolivariana, pero en quien no confían los comandantes cubanos, seguramente por razones clasitas y porque conocen a la perfección el surgimiento de la boliburguesía, o mejor dicho, la Chavoburguesía endógena milmillonaria. Por ello decidieron que el TSJ cumpliera con la decisión de la cúpula cubano venezolana, sin importarle el Ordenamiento Jurídico de nuestro país, porque no le sirve para mantenerse en el poder.
Y mientras prominentes juristas venezolanos y la oposición en general denuncian, con apego a la legalidad, la violación a la Carta Magna a escala nacional e internacional, Nicolás Maduro responde con amenazas y recorre el país en campaña electoral inaugurando pequeñas obras públicas, cuya realización no sólo constituye una obligación del gobierno, sino que también podrían ser puestas en servicio por un Gobernador o Alcalde del Chavismo.
Así como Hugo Chávez escogió a dedo el candidato presidencial del oficialismo, parece indispensable que la oposición fortalezca la Unidad Democrática y proceda a elegir el suyo, porque puede ser sorprendida por un adelanto de las elecciones presidenciales, no tenga tiempo suficiente para cumplir con esa obligación, y cuando empiece, ya Nicolás Maduro ha recorrido el país en campaña, con el mismo insuperable ventajismo de su antecesor, el Presidente electo y no juramentado, aunque circulan rumores de que lo traerán al Hospital Militar, donde podrá juramentarse y ratificar a su candidato en la Vicepresidencia.
Pero cualquiera sea la salida que le den al evidente desconocimiento de la Constitución Nacional Bolivariana y a la voluntad inicial de Hugo Chávez de apegarse a la misma, para tratar de darle alguna apariencia de legalidad a la presencia de Nicolás Maduro en la Vicepresidencia y su actuación como Presidente Encargado, sin poder ejercer las funciones del Jefe del Estado, lo importante es enfrentar desde ya a un candidato que tiene el apoyo de todos los Poderes Públicos y utiliza el Presupuesto Nacional para hacer campaña. Los juristas deben seguir denunciando todas las violaciones al Ordenamiento Jurídico del país e incluso de acuerdos internacionales que tienen fuerza de Ley, pero los políticos deben, sin dejar de ocuparse de ese tema, darle prioridad al combate contra un candidato que usurpa funciones del Jefe del Estado, trata de imitarlo y manipular a un sector del país desinformado.
Y aunque el candidato, in pectore, de la Alternativa Democrática no salga en campaña porque no se ha concretado el llamado a elecciones, debe centrar sus baterías contra todas las arbitrariedades que comete el equipo de gobierno chavista y los actos ilegales en que incurre a diario el candidato del oficialismo. Es decir, no debe dejar sin respuesta lo que el Vicepresidente en campaña hace y deshace ilegalmente, con el apoyo del gobierno y de los otros poderes que éste controla.