Saab: «La misión de Rocío San Miguel era comunicar avances de la Operación Brazalete Blanco»
La activista Rocío San Miguel y varios de sus familiares han sido detenidos en Venezuela. La Fiscalía los acusa de urdir un magnicidio contra Nicolás Maduro y de ser parte de un supuesto plan denominado Brazalete Blanco. Al mismo tiempo, más de un centenar de organizaciones civiles exigen su puesta en libertad.
El fiscal Tarek William Saab explicó en rueda de prensa que se procedió a la detención de San Miguel porque la activista «aparece textualmente mencionada» en una orden de operaciones de la trama conspirativa denominada ‘brazalete banco’, con la que, según el régimen, se pretendía atentar contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Sin embargo, el fiscal no presentó ninguna prueba que vincule a San Miguel.
«Ella tenía una misión como parte de esa trama ‘brazalete blanco’, incluso delatada ya por los militares detenidos. (…) Su misión en la operación era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando«, aseveró Saab.
Agregó que a Rocío San Miguel se le imputa la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
Aseguró, además, que la detención de los cinco allegados de la activista -cuatro de ellos ya liberados, con medidas cautelares, y uno con privación de libertad «preventiva«- se debió a que se encargaron de «ocultar y encubrir medios probatorios pertenecientes a dicha ciudadana«, que luego fueron recuperados por las autoridades.
Saab indicó que, hasta este momento, hay 19 personas detenidas y 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar en esta trama de conspiración.
San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, pero su arresto fue confirmado por el fiscal el domingo, día hasta el cual no se conoció su paradero, por lo que su defensa calificó su estado como «desaparición forzosa», que el fiscal rechaza.
Por su parte, el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, dijo a CNN que el caso de Rocío San Miguel “ratifica la extinción del Estado de derecho en Venezuela desde hace bastante rato”.
Agregó que en Venezuela se está agravando la persecución política de los opositores al régimen de Maduro en un contexto electoral, pues este año deben realizarse los comicios presidenciales.
“La furia bolivariana, un plan que fue lanzado por el mismo presidente Nicolás Maduro el pasado 23 de enero, ha constituido en una avanzada de la represión política que ha afectado a dirigentes gremiales, sociales, periodistas y ahora se da esta detención arbitraria y desaparición forzada, que sin duda es uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos que hemos conocido”, remarcó Murillo.
