¿Y ahora qué?
Con la confirmación de la llamada “inhabilitación política” de María Corina Machado, el sector oficialista tensa la cuerda al extremo. Por ello, la Organización de Estados Americanos (OEA) considera que esa medida “liquida” la “posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela”.
Ante la violación flagrante del Acuerdo de Barbados, el turno al bate es para la Casa Blanca, que debe decidir si pone fin o no a la flexibilización de las sanciones económicas.
La decisión no es fácil para Estados Unidos. Un agravamiento de la situación económica generará más presión migratoria venezolana, que se ha convertido en un issue electoral de primer orden, en un año en el que los demócratas se juegan la reelección. Por otra parte, una medida de ese tipo significaría posiblemente que los otros elementos del Acuerdo, como la observación internacional para las elecciones, serán desechados.
A los venezolanos lo que les corresponde es seguir presionando, de la mano de la comunidad internacional, para conseguir el objetivo de unas elecciones transparentes y libres. La ruta electoral no es una opción, es la única vía.
