La declaración de Argyle entre Guyana y Venezuela
Irfaan Ali, presidente de Guyana, se presentó a la reunión con Nicolás Maduro exhibiendo una pulsera que tenía la imagen del mapa de Guyana, con el Esequibo incluido. Este gesto irrespetuoso ocurrió en el aeropuerto Argyle de San Vicente y Las Granadinas el 14 de diciembre. De esa manera, dio inicio el diálogo entre los dos países con ocasión de la disputa territorial del Esequibo. Este gesto desconsiderado recibió críticas del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (https://covri.com.ve/index.php/2023/12/17/declaracion-covri-sobre-el-cuentro-de-argyle-por-el-dialogo-y-la-paz-entre-venezuela-y-guyana/), que seguramente comparten los venezolanos.
Este primer encuentro entre los presidentes de Guyana y Venezuela, patrocinado por Brasil, produjo una declaración conjunta “por el diálogo y la paz”. Ambos mandatarios vieron lo acordado como un éxito para cada cual. Más allá de la retórica, hay que detenerse a ponderar lo que esta primera reunión significa para nuestro país. Y hay que celebrar que los dos presidentes se hayan visto las caras y hayan iniciado un canal de comunicación. También hay que reconocer que fue acertado renunciar a la amenaza de guerra y suscribir un compromiso de paz, tal como lo predica el numeral sexto de la declaración. Esto es, además, acatar la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia del 1 de diciembre de este año, que ordenó a las partes “evitar acciones que agraven o extiendan la disputa o la hagan más difícil de resolver”. Eso es un llamado a la serenidad y a la madurez.
Aquí hay que precisar el significado del numeral segundo de la Declaración, que postula que ambas partes “Acordaron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966”. Esto no quiere decir que ahora las partes regresan a la metodología anterior a la demanda de Guyana contra Venezuela, propuesta en la Corte Internacional de Justicia el 29 de marzo de 2018. Todo lo contario, el proceso sigue ante esta instancia y Venezuela debe presentar su contramemoria el 8 de abril de 2024.
Es bueno tener presente que la CIJ, en su sentencia del 18 de diciembre de 2020, decidió su competencia sobre la base del Acuerdo de Ginebra, porque interpretó que este acuerdo es el fundamento de su competencia. A ello se une que Venezuela compareció para presentar una cuestión preliminar relativa a la admisibilidad de la demanda de Guyana. Asimismo, Venezuela nombró al juez ad hoc, a su agente y a dos coagentes. De acuerdo con el principio forum prorrogatum, Venezuela admitió la competencia por la realización de actos procesales en el juicio, de acuerdo con el artículo 36.1 del Estatuto de la CIJ. Pese a ello, la estrategia del gobierno sigue siendo la de desconocer la competencia de la CIJ, lo cual no es compartido por un grupo de destacados juristas y politólogos venezolanos. Este es un asunto que debe ser discutido con amplitud y el gobierno debe escuchar las opiniones distintas a la suya para ponderar lo que más conviene a nuestro país.
En las redes sociales ha habido también comentarios que estimo errados con relación a la designación de la “comisión conjunta” a la que se refiere el numeral 7 de la declaración. Dicho numeral señala que las partes “Acordaron establecer inmediatamente una comisión conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores y técnicos de los dos Estados para tratar los asuntos mutuamente acordados. Una actualización de esta comisión conjunta será presentada a los presidentes de Guyana y Venezuela en un plazo de tres meses”.
La referencia a la comisión conjunta vuelve aparecer en el numeral noveno de la declaración, pero con una particularidad: el texto en inglés es consistente al referirse siempre a comisión conjunta; la versión en español cambia la expresión “comisión conjunta” por “comisión mixta”, lo cual es un asunto de traducción y puede generar confusión. Una interpretación articulada de la declaración debe ser entendida de acuerdo con la voluntad expresada por las partes. En efecto, de las reiteradas declaraciones del presidente Irfaan Alí no es posible concluir que Guyana piensa dejar el juicio ante la CIJ para iniciar un proceso de negociación amistosa, como el previsto por el Acuerdo de Ginebra. Y de esto surge una conclusión capital: el juicio continuará y hay que preparar la contramemoria que debe presentarse el 8 de abril de 2024. Eso y nada más.
Por otra parte, no puede pasar inadvertida la manera agresiva con la cual se condujo el presidente Irfann Alí durante la reunión de presidentes, no solo por la pulsera antes referida, sino por las impertinentes declaraciones que dio en la rueda de prensa posterior a la sesión. Allí proclamó que “Guyana tiene el derecho de aprobar y facilitar cualquier desarrollo, inversión, sociedad, comercio, colaboración, cooperación y el otorgamiento de cualquier licencia y concesión en nuestro espacio territorial y soberano”. Esto tiene un efecto simbólico sobre el diálogo iniciado, porque lo presentó ante la comunidad internacional como un hombre intransigente y seguro de lo que defendía. Esta declaración irreverente rompe con las formas de la diplomacia. Sin embargo, Venezuela no protestó por esta declaración, como ha debido hacerlo, tal como lo explica con claridad el agudo editorial de El Nacional del 17 de diciembre pasado, titulado “De acuerdos, desacuerdos y contradicciones en Argyle” (https://www.elnacional.com/opinion/de-acuerdos-desacuerdos-y-contradicciones-en-argyle/)
Que sea la Declaración de Argyle una oportunidad para que el gobierno venezolano reflexione con serenidad y convoque a los expertos venezolanos para que integren un equipo que prepare la contramemoria. Juristas, internacionalistas, historiadores, politólogos, geógrafos, ingenieros y expertos en seguridad nacional deben aportas sus conocimientos en la defensa de Venezuela. Es un asunto de Estado que debe estar desprovisto de sectarismos y de dogmas ideológicos. El interés por defender nuestro territorio no es del dominio exclusivo de una parcialidad política determinada, sino del país nacional.
La defensa del Esequibo depende principalmente de la unidad de todos los venezolanos. De ahí la necesidad de sacar la discusión de la controversia política interna; pero es al jefe de Estado de Venezuela a quien corresponde tomar la iniciativa. De esa manera, el presidente de Guyana podrá saber que tiene ante sí a un país unido en torno a la disputa territorial.
@rescovar
