La “liberación” de los centros penitenciarios

Este miércoles 8 de noviembre se produjo la intervención del Internado Judicial de Trujillo, sumándose a la lista de otros penales que han sido objeto de la medida por la fuerza pública.

Estas intervenciones han ocasionado la incautación de increíbles cantidades de armas, usadas para convertir estos sitios, no en lugares para la reeducación y la reinserción en la sociedad de los privados de libertad, como lo ordena la ley, sino en ejes del crimen.

Llama la atención la declaración del ministro de Interior y Justicia, A/J Remigio Ceballos quien al informar de la toma del Internado dijo que el mismo “ha sido intervenido, liberado y controlado” y es que todos los centros penitenciarios del país están legalmente bajo el control del Estado, aunque en la práctica está autoridad se cedió a las mafias criminales, que crearon unos gobiernos de facto en esos recintos.

El problema va más allá del anuncio retórico de investigaciones o de algunas detenciones puntuales de personal subalterno de custodia. Si se quiere atacar de fondo el problema, debe indagarse en el rol de altos funcionarios de ministerios y de la fuerza pública que permitieron el reinado de la extorsión y del crimen. ¿Cuántas personas fueron víctimas de esta nefasta política de Estado? ¿Cuánto dinero se movilizó para que los líderes negativos de los penales se encumbraran como autoridades de estos recintos y se les permitiera ejecutar sus delitos con absoluta impunidad? El Ministerio Público tiene la palabra.