Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, toma el control de la Corte Suprema de Nicaragua
Según una fuente, informó al medio 'Infobae' que Daniel Ortega y Rosario Murillo ya venían tomando un control de varios ministerios
La primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, asumió el control de la Corte Suprema de Justicia luego que la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a dicho ente sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.
El diario ‘Confidencial’ confirmó que en las últimas horas se dio a conocer el desalojo de sus cargos de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y la magistrada Yadira Centeno González, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras que, según una fuente, informó al medio ‘Infobae’ que Daniel Ortega y su esposa ya venían tomando un control de varios ministerios.
“Rosario Murillo busca tener el control absoluto del país, para asegurar la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega”, indicó esa fuente.
Reforma constitucional
La mencionada reforma desvincula «a los Registros Públicos de la administración de justicia a cargo del Poder Judicial», informó el Legislativo nicaragüense en una declaración.
Ese poder del Estado indicó, además, que el Legislativo aprobó la Ley de Adscripción del Sistema de Registros, con el que los Registros Públicos pasan bajo la administración de la Procuraduría General de la República, que actúa como representante legal del Estado.
Según los legisladores sandinistas, los Registros Públicos pasarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República «con el fin de agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad, mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles».
La reforma constitucional le quita al Consejo Nacional de Carrera Judicial, subordinada a la Corte Suprema, la atribución de «supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
Ahora la supervisión administrativa de esos registros estará bajo el control de la Procuraduría General de la República, a través de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros.
