La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión rechazan investigación contra las primarias
Ambas instituciones aseguran que en el país persisten las restricciones arbitrarias a la participación política de los opositores, al igual que su persecución por motivos políticos
Esta semana tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele), levantaron su voz para rechazar de forma categórica la investigación penal emprendida por la Fiscalía de la administración de Nicolás Maduro contra las elecciones primarias de la oposición que se llevaron a cabo el domingo pasado.
Ambas instituciones pidieron al Estado venezolano no criminalizar las diversas iniciativas de participación ciudadana que han sido convocadas por la oposición.
“Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son además un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis, por lo que resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana”, destaca en un comunicado.
De la misma manera destacaron la importancia que tienen los diversos acuerdos alcanzados la semana pasada en Barbados entre el chavismo y la oposición. Indicaron también que para que “los diálogos contribuyan a superar la crisis, el Estado debe garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024”.
La CIDH y la Rele aseguran estar al tanto de la investigación penal emprendida por la Fiscalía, que citó para el próximo lunes a tres de los organizadores de los comicios para que declaren en calidad de investigados, y rechazó esta acción “no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política”.
Sostienen además que en el país persisten las restricciones arbitrarias a la participación política de los opositores, al igual que su persecución por motivos políticos y las iniciativas legislativas y decisiones judiciales que buscan controlar y limitar las funciones de las organizaciones de la sociedad civil.
Ambos entes hicieron énfasis en la relación entre los derechos políticos y la libertad de expresión y destacaron que en Venezuela, en lo que va de 2023, al menos nueve radios cesaron sus transmisiones “por órdenes administrativas” y, además, se han “censurado” temas, programas y entrevistados.
“El Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación”, insistió.
