Expertos alertan: Con las inhabilitaciones están desconociendo los derechos políticos de los venezolanos
Durante el foro «El Negocio de las Inhabilitaciones», transmitido a través del canal de YouTube AnalíticaTV, destacados juristas se unieron para analizar y expresar su preocupación sobre las prácticas de inhabilitación política en Venezuela y su impacto en los derechos políticos de los ciudadanos.
Cecilia Sosa, Allan Brewer Carías y Asdrúbal Aguiar compartieron sus perspectivas en un foro que arrojó luz sobre el tema crítico de las inhabilitaciones políticas en el país.
Para Cecilia Sosa, las inhabilitaciones se están utilizando como un negocio político que busca distorsionar el significado de inhabilitar, con el objetivo de cambiar la percepción de los votantes sobre sus derechos políticos electorales. Esto se hace a través de mensajes oficiales que desinforman a los ciudadanos sobre su capacidad para elegir a sus representantes. Sosa destaca que esta estrategia busca desmoralizar a la población y hacer que duden de los derechos consagrados en la Constitución. Según la Constitución venezolana, tres de los aspirantes a ser candidatos pueden inscribirse en el Consejo Nacional Electoral para competir por la presidencia. Esto contradice la narrativa oficial que intenta negar esta posibilidad.
A juicio de Cecilia Sosa “lo más importante para el régimen es desmoralizarnos, hacernos dudar de los derechos que nos consagra la Constitución”.
Por su parte, Allan Brewer Carías enfatizó que los derechos políticos, incluido el derecho a ser electo, solo pueden ser restringidos de acuerdo con la Constitución o la ley, y solo en casos de inhabilitación política dictada por un juez mediante sentencia penal. Argumenta que las decisiones administrativas no pueden restringir este derecho y que el uso de las inhabilitaciones en Venezuela se ha convertido en una herramienta de chantaje y presión política, en lugar de ser una sanción disciplinaria accesoria para funcionarios públicos de nombramiento. Esto viola la Constitución y la ley que regula esta figura.
“Se usa ese negocio de las inhabilitaciones a mansalva, como es el caso de María Corina Machado, donde ni siquiera hay una sanción administrativa”, dijo.
Indicó que “lo que estamos viendo que es una caquistocracia, el gobierno de los peores, el que está usando estos mecanismos distorsionantes y fraudulentos para inhabilitar políticamente cuando eso viola la Constitución y viola abiertamente la ley que regula esta figura, pero que no puede aplicarse a funcionarios de elección popular, sino que está destinada solo como pena accesoria a quien es destituido y solo pueden ser destituidos aquellos funcionarios nombrados, pero no se aplica a los funcionarios del hecho de acción popular”.
Desde un punto de vista constitucional, Asdrúbal Aguiar sostuvo que en Venezuela no es posible aplicar una pena de inhabilitación política sin una condena penal definitiva.
Aguiar recordó que Piero Calamandrei en su libro “El fascismo como régimen de la mentira”, señala que el engaño legalmente organizado de la legalidad es el gobierno de la indisciplina autoritaria, de la legalidad adulterada, del ilegalismo legalizado y del fraude constitucional”. “Y eso es lo que está pasando ciertamente en Venezuela”, aseguró
Aguiar enfatizó la necesidad de luchar contra las inhabilitaciones y proteger los derechos políticos de los ciudadanos.
Los expertos destacaron la importancia de la lucha contra esta práctica para garantizar un sistema democrático justo y transparente en el país.
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