Informe sobre DDHH en Venezuela se entregará a la ONU en septiembre

Amnistía Internacional (AI) presentó este martes 29 de agosto su informe “Vidas Detenidas en Venezuela”, donde denuncia la persistencia de la “política de represión” por parte de la administración de Nicolás Maduro. En el documento se registraron nueve personas que se encuentran detenidas y con procesos penales abiertos por causa política.

En el informe se acusa al régimen chavista de tener en la actualidad entre 286 y 319 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, según datos que recoge AI a través de las ONG: Justicia Encuentro y Perdón, y Foro Penal.

La nueva investigación documenta nueve casos de víctimas de detenciones arbitrarias motivadas por razones políticas cometidas entre 2018 y 2022: Emirlendris Benítez (agosto de 2018), María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo (detenidos en marzo de 2019), Roland Carreño (octubre de 2020), Guillermo Zárraga (noviembre de 2020), Darío Estrada (diciembre de 2020), Robert Franco (diciembre de 2020), Javier Tarazona (julio de 2021) Gabriel Blanco (julio 2022).

De la misma manera, Foro Penal señaló que entre los años 2014 y 2023 se han producido alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias.

Por su parte, Erika Guevara Rosas, quien funge como directora para las Américas de Amnistía Internacional, asegura que el informe presentado hoy a través de sus plataformas digitales, explica los patrones que usa la administración chavista para realizar las detenciones arbitrarias.

“Nuestro informe no sólo documenta las injustas detenciones de personas maestras, sindicalistas y defensoras de derechos humanos en el país, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes. Las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del gobierno”, manifestó.

Pasos que realiza el Estado para detener a una persona que le adversa políticamente, según AI:

• Detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia.
• Periodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto.
• Imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad.
• Limitaciones al acceso al derecho a la defensa; uso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Dilaciones indebidas de períodos de investigación y -en caso de excarcelaciones- sujeciones a procesos penales que no avanzan y que mantienen las restricciones a la libertad de la persona a través de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
• La retaliación como objetivo de la detención.
• Uso de tribunales especiales con competencia en terrorismo, se aplica la imputación del delito de asociación para delinquir con un bajo estándar de evidencia y la aplicación de penas severas que alcanzan el máximo legal del ordenamiento jurídico.
• La presunción de los delitos son emitidas primero por los voceros del Estado, luego Maduro se pronuncia y por último accionan los organismos de seguridad.

Hay que destacar que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) presentó en su más reciente informe que durante el pasado mes de julio se registraron 411 protestas a nivel nacional, además de 4.762 manifestaciones en los primeros 7 meses de 2023.

El OVCS establece que durante el mes de julio se mantuvo en primer lugar las protestas vinculadas con la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) con 279 manifestaciones, lo cual equivale a 68% del total registrado.

Por último, Francisco Cox, integrante de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó que seguirán documentando el accionar del Gobierno de Maduro por mandato del Consejo de Derechos Humos de la ONU, organismo al cual se le presentará el próximo 11 de septiembre este informe y los demás realizados durante el año.

Además señaló que se decidirá si se extiende el registro sobre las violaciones de los tratados de DDHH en Venezuela, el cual tiene como fecha tope 2024.