El vuelo rasante de la justicia

Aunque no cabe negar que la justicia, muchas veces, dista de actuar en correspondencia con la ecuanimidad, la solidaridad y la probidad, lo cual deja ver trazos de auténtica injusticia, también actúa en consonancia con la razón y el equilibrio procedimental. Por supuesto, en concomitancia con las coyunturas de la situación en cuestión. Y a favor de las necesidades y clamores de individuos afectados por el peso de la indolencia, la arbitrariedad, la falsedad y la ignorancia de quienes se ufanan de detentar el poder. Así es la justicia.

Declarada  desde la Antigua Grecia, como el “principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que bien es suyo”, la justicia es un valor moral, asimismo un derecho político, que debería ser de obligatoria aplicación a los efectos de motivar a conciencia el comportamiento social que requiere toda organización social.

Este preámbulo adquiere sentido y justificación al momento que Venezuela, en tanto nación, está viéndose sometida a un proceso jurídico llevado por la Corte Penal Internacional, CPI, como consecuencia de la desaforada actitud asumida en los últimos tiempos. Actitud esta que ha sido observada abusando del poder, lo cual le permite ejercer la coerción en su papel de Estado.

Pero no por ello, tales abusos pueden justificarse considerados desde la condición que le imprime no sólo el ejercicio de la política entendido desde el ordenamiento jurídico constitucional nacional. Mucho menos, desde la perspectiva del uso de la fuerza so pretexto de la necesidad que le otorga el Estado como forma política, de ordenar y regular las situaciones que tiendan a desfigurar el carácter político del cual se vale para ejercer la autoridad. Particularmente, como baluarte de la institucionalidad gubernamental que detenta su organización.

Desmedido abuso de la fuerza

El exagerado abuso del Estado venezolano valiéndose del papel que detenta como gobierno para imponer la fuerza necesaria capaz de dominar cualquier insurrección política, militar o policial, o de cualquier tipo de violencia, constituye la razón que valida las acusaciones introducidas ante la CPI.

De esa manera,  organizaciones de Derechos Humanos, como la ONG Defiende Venezuela, han procurado activar los mecanismos contemplados por el Estatuto de Roma del cual Venezuela es Estado miembro o suscriptor  de las respectivas consideraciones en  materia de Derecho Penal Internacional.

Por consiguiente, los casos representativos de la represión azuzada por organismos de seguridad del Estado venezolano, siguiendo instrucciones de la cadena de mando político-militar-policial, evidencian el grado de abuso cometido. El mismo, es causal de pena para así incriminar a autoridades políticas . militares y policiales de sensible percepción por los órganos internos de la CPI.

Esa situación al arrastrar acusaciones debidamente demostradas, enfoca los serios resultados que la represión ordenada por la cadena de mando venezolana, desde los acontecimientos (protestas políticas actuadas en su condición de derecho constitucional) de 2014, 2017 y 2018, derivaron en crímenes de lesa humanidad que son la razón central para que la CPI sancione. Tal como de ella se espera, en honor a la justicia.

Rechazo político “fuera de orden”

A pesar de la congruencia que sigue el proceso de verificación llevado por la CPI, se ha hecho del conocimiento público la absurda razón del gobierno venezolano al expresar su rechazo a todo lo que derive de cualquier resultado propio que las investigaciones llevadas a cabo por la CPI, arrojen.

Más aún, el régimen usurpador venezolano ha manifestado “no estar dispuesto a investigar y a juzgar las acciones cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad del país y los colectivos armados” lo cual constituye una expresión de insolencia expuesta por el régimen venezolano. A pesar que entre representantes del régimen y de la CPI, se acordaron ciertas cuotas de cooperación para zanjar los problemas. Ese hecho se patentizó en la visita que hiciera la CPI a Venezuela con la idea de comprometer la colaboración de los gobernantes del país investigado, tal como lo prescribe el Estatuto de Roma.

Más problemas a la vista

No obstante, alrededor del proceso implicado por las investigaciones de rigor adelantadas por la CPI, hay un asentido consenso en el que las víctimas de violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolana, así como por colectivos armados que actúan resguardados por el mismo régimen, manifestaron su rotundo apoyo a los trámites realizados por la CPI como se espera de la aplicación de justicia.

Ello, así ha dejado verse en aras de contrarrestar la vileza que evidencia el régimen para obstruir y controlar la justicia nacional. Actitud esta asumida por el régimen sin que sea entendido que la justicia se halla conciliada con las libertades que goza el ser humano como derecho de vida.

Contradicciones reveladoras

Si bien, la malevolencia practicada por el régimen ante cualquier decisión que afecte su impunidad, se convierte en un canal de defensa del autoritarismo perverso, igualmente la justicia se transforma en canal de acción de las verdades. Y aunque las verdades puedan ser distintas, siempre habrá una única verdad que se impondrá sobre las circunstancias. Por difíciles que sean.

Resulta sencillo de toda forma y sentido, comprender y reconocer que lo que refería Charle Louis de Secondat, mejor conocido como el barón Montesquieu, filósofo y jurista francés,  cuando explicaba que “una cosa no es justa por sólo el hecho de ser ley”.

Así que no hay razón que excuse al régimen político venezolano para desconocer que hablar de justicia, pasa por aludir al foco de la causa. No a las ramificaciones que no dicen lo que debe argumentarse en honor a la verdad.

Así que la justicia será siempre acción y reacción del hombre. Por tanto vale terminar la presente disertación, dando cuenta de que las realidades son como un fondo transparente pues aunque estén abajo o solapadas, la justicia siempre sabrá distinguir y apreciar con el mejor optimismo, la verdad en curso. De ahí que se hable de lo que la distingue de otros procesos pues en el momento final, las realidades verán el vuelo rasante de la justicia.