El falso dilema de las sanciones
Se ha instalado en la opinión pública, sobre todo en el plano opositor, un debate sobre la pertinencia de las sanciones implementadas contra Venezuela debido a su evidente déficit democrático.
Lo llamativo de esta discusión es que pareciera que fue la oposición la que ha aplicado estas medidas y la que tiene el poder de levantarlas. Lo cierto es que las sanciones, tanto las unipersonales a funcionarios públicos y dirigentes políticos, como las dirigidas a instituciones del Estado como PDVSA, fueron aplicadas, principalmente por el Gobierno de los Estados Unidos, que es el único que puede levantarlas.
Quién tiene en realidad las llaves para acabar con las sanciones, sobre todo las institucionales, es el propio régimen de Venezuela. En la medida que hayan avances concretos hacia la realización de unas elecciones transparentes y competitivas en 2024, tales medidas desaparecerían, como lo ha señalado el Departamento de Estado.
Le corresponde entonces al Gobierno venezolano tomar las medidas pertinentes para retomar el diálogo en México, garantizar los comicios libres y por consiguiente lograr el alivio que pudiera representar la reactivación de la industria petrolera y de la economía, mediante el fin de esas medidas punitivas.
Eso es correcto, que el régimen revise cuales fueron las causas de las sanciones y que las corrijan para que la comunidad internacional las levanten y una de esas causas es que permita elecciones libres, transparentes, sin ventajismos y que la comunidad internacional las supervise antes, durante y al finalizar el proceso.