Transparencia Venezuela denunció que Presupuesto Nacional 2023 está centralizado en el Ejecutivo
La falta de independencia de las instituciones públicas del país quedó en evidencia. La Organización Transparencia catalogó la Ley de Presupuesto Nacional 2023 de “irresponsable con las necesidades del país”.
La organización obtuvo de manera extraoficial el plan que estima los ingresos que recibirá el gobierno y cómo se distribuyen estos.
Transparencia Venezuela publicó un análisis de la Ley de Presupuesto Nacional 2023 aprobada por la Asamblea Nacional, en el que desglosan los montos que el Estado utilizará para gestionar los recursos públicos a través de leyes de Presupuesto y Endeudamiento.
El informe Nuestro Presupuesto explica la distribución de ingresos y gastos.
Esta ley calculó el ingreso en 170 mil millones de bolívares, que según la tasa del 30 de diciembre de 2022 (17,48 Bs/$), son unos 9,7 mil millones de dólares. Recursos que se encuentran lejos de ser suficientes, ante una deuda de 160 mil millones de dólares.
«El presupuesto para 2023 destaca por su insuficiencia, mala distribución y necesidad de endeudamiento para proyectos, de los cuales no hay o no se ha publicado información referente a avances físicos y financieros”, advirtió Transparencia Venezuela en las conclusiones de su análisis.
“En el presupuesto tampoco se aborda un plan de recuperación de los servicios básicos, tan necesario para el país, lo que deja un claro mensaje de que esto no es una prioridad para el gobierno”, añadió la asociación civil.
Fuerte devaluación
Este año la distribución del gasto por poderes será para el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano. El mayor nivel de gastos es del poder ejecutivo, con el 97,4%.
En comparación con 2022, lo aprobado este año es 27,43% menor, en un contexto de fuerte devaluación del bolívar frente al dólar, lo que implica que, de no revertirse la tendencia, “el presupuesto en dólares seguirá disminuyendo”.
Por sectores sociales, la distribución será: salud, 7,44%, protección y seguridad social, 7,82%; educación, 24,33%, y vivienda, 0,41%.
Del tópico educación, llama la atención que en un contexto de protestas de profesores el gobierno apenas apruebe 0,11% del presupuesto a la UCV.
