Gustavo Petro suspende cese al fuego con Clan del Golfo

El Gobierno colombiano suspendió el cese al fuego bilateral que tenía vigente desde el inicio del año con el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal de Colombia, después de que le acusó de atacar a la Policía y de instigar el paro minero que tiene en jaque al suroeste del país.

«A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa», dijo el presidente colombiano, Gustavo Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, después de anunciar que se reactivaban «todas las operaciones militares» contra este grupo.

La razón esgrimida es un «ataque con fusil a la fuerza de la policía por parte del Clan del Golfo«, pero el Gobierno colombiano llevaba toda la semana culpando a este grupo, heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de instigar el paro minero que se desarrolla en la zona del Bajo Cauca, donde se han quemado varios vehículos para cerrar su paso y que tiene amenazada a la población.

Este mismo domingo fueron incendiados al menos cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público, según informó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y a pesar de que el Gobierno afirmó a mediados de semana que ya había restablecido el control en la zona.

Los mineros protestan desde el 2 de marzo contra las operaciones del Ejército y la Policía contra la minería ilegal en la zona pero, según las autoridades, detrás de esa movilización está el Clan del Golfo, que se lucra de la explotación de minerales en distintas partes del país.

El «falso paro minero», como lo calificó Gaviria, ha mantenido confinadas a más de 250.000 personas de 16 municipios del noroeste colombiano con escasez de alimentos y desabastecimiento de otros productos, incluso de gas, y ha sumido en el caos a las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste.

Ofensiva contra las AGC

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó en una rueda de prensa con toda la cúpula militar que no tienen duda de que los actos realizados fueron «cometidos por el Clan del Golfo y que en virtud de esta situación, en la que además una patrulla del Ejército que reaccionó fue atacada por fusil, ha tomado el Gobierno Nacional la decisión de suspender» el cese al fuego.

El Gobierno y el presidente han dado orden «a las fuerzas militares y a la Policía Nacional que desarrollen con toda su capacidad operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo», insistiendo que este grupo está detrás de la situación en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba.

Para evitar nuevas quemas de vehículos, Velásquez «invitó» a los transportistas a que se sumen a «las caravanas para transportarse desde Medellín o Yarumal hacia el Bajo Cauca» porque «situaciones como las ocurridas el día de hoy en la que vehículos por fuera de caravanas fueron incendiados no pueden repetirse».

Por su parte, el general de las fuerzas militares, Helder Fernán Giraldo, alegó que «en todo el territorio nacional donde delinque este grupo armado se llevarán operaciones ofensivas para lograr neutralizar y desarticular sus operaciones».

La respuesta del Clan del Golfo

Mientras tanto, el Clan del Golfo se apresuró a salir a desmentir en un comunicado que estén detrás de todas estas acciones que el Gobierno les adjudica y culparon a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que justamente esta zona es una donde más control ejercen.

Además, lejos de anunciar un paro como el que desarrollaron cuando el anterior Gobierno de Iván Duque firmó la orden de extradición a EE.UU. de su excabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», han reafirmado su voluntad de paz.

«Nosotros continuamos con nuestra disposición de paz, que nos permitimos reiterar. Estamos dispuestos a dialogar con las instancias oficiales correspondientes para superar los impasses que se están presentando», alegó el Clan del Golfo, como respuesta.

El Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), ha realizado contactos preliminares con este grupo, que está formado por unas 9.000 personas y tiene control en 14 departamentos, sobre todo el Pacífico y Caribe.

A diferencia del ELN o de las disidencias de las FARC, el Gobierno colombiano no quiere reconocerle estatus político a este grupo, dedicado sobre todo al narcotráfico y otras actividades ilícitas como la minería ilegal, y en cambio ofrecer un sometimiento a la justicia.

Sin embargo, aún no había ningún resultado concreto más allá de este cese al fuego bilateral que habían firmado y una petición a la Fiscalía para que se levanten de forma temporal las órdenes de captura nacionales e internacionales en territorio colombiano, que le permitiría a la cúpula de este grupo negociar, como ya se hizo con sus antecesores, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en una demanda que la Fiscalía ha rechazado