Una economía para la democracia
El nuevo modelo económico para la democracia, por venir, debe ser el de la economía social de mercado, que ha demostrado con creces, en países como Alemania, Suecia, Noruega, una capacidad de generar riqueza y de reducir sensiblemente la pobreza. Sin que se pueda presentar como un modelo perfecto, porque uno de esa naturaleza no existe, no cabe duda que es el de los hasta ahora conocidos, el mayor generador de bienestar, prosperidad y equidad.
La solución no es salir de una economía estatista a una economía exclusivamente mercantilista. Una economía de mercado, con claro compromiso social y ambiental, debe ser nuestro norte.
En tal sentido, y dado el nivel de endeudamiento y ruina del estado venezolano, será menester proceder a implementar un programa de reforma y reducción del aparato estatal. Por tal razón, con el fin de buscar disciplina y orden en la política fiscal, debe procederse a un trasparente y ambicioso plan de privatización del conjunto de empresas estatizadas y de apertura a la economía privada, de los sectores fundamentales de la actividad productiva. Tal proceso de privatización y apertura, debe comenzar por nuestra industria petrolera y petroquímica. El estado no tiene recursos para reflotarla y debemos acudir al capital privado, nacional e internacional para relanzarla.
Una economía de mercado en general, y un proceso de privatización de las empresas públicas improductivas, exigirá un escrupuloso respeto a la propiedad y a la iniciativa privada. Ello supone un programa institucional, legislativo y administrativo, que desmote al anacrónico marco jurídico y burocrático que a juzgar por sus resultados, no funciona.
Será fundamental establecer una nueva política monetaria, anclada la misma a la realidad financiera del estado, para proceder a un control de la brutal hiperinflación. Para lograr una sana política monetaria, será fundamental devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela. Un tema a discutir será el del sistema monetario a implementar. El bolívar ha perdido peligrosamente su valor. Pensando en una política comercial y monetaria de mediano plazo, en el marco de la integración, debemos tener una moneda capaz de avanzar hacia una unión monetaria con nuestros vecinos suramericanos. Quizás será conveniente un nuevo signo monetario para nuestro país. El peso o el dólar venezolano deben venir para sustituir al deperciado bolívar.
Con el fin de fomentar las inversiones y el empleo será necesaria una reforma laboral, que garantizando los derechos fundamentales de los trabajadores, permitan a las empresas desarrollar estrategias de recursos humanos acorde a los tiempos que vivimos, tanto en nuestra deprimida economía, como en el mercado internacional. Una legislación laboral que estimule el trabajo y la productividad, antes que a la holgazanería y la irresponsabilidad y que instaure un moderno, eficiente y seguro programa de seguridad social para el mundo del trabajo.
La nueva economía para la democracia debe tener una nueva política tributaria, que estimule la inversión y el consumo. En este sentido es menester revisar el marco global tributario, y el específico por aéreas de la economía. Para mejorar la capacidad adquisitiva del venezolano será necesaria una reducción del IVA, que se ha convertido en un impuesto muy severo para la economía familiar. En este campo será necesario, además, ofrecer respeto a los derechos de los contribuyentes, hoy desconocidos por una legislación y un aparato tributario arbitrario y voraz.
Una materia a ser atendida, en el proceso de implementación de una nueva economía para Venezuela, es el relativo a la política comercial. En esta dirección debemos buscar la reinserción de Venezuela en los mecanismos de integración regional, del cual salimos o fuimos excluidos. Nuestro regreso a la Comunidad Andina de Naciones constituye un reto importante. También una revisión y evaluación de los acuerdos de comercio existentes para determinar su conveniencia a la luz de la nueva realidad.
En paralelo será necesaria una revisión y reestructuración de la cuantiosa deuda pública, verificar la legalidad, cuantía, condiciones y plazos será una tarea fundamental para proceder a su renegociación.
Impulsar una nueva economía, con los anteriores parámetros definidos, supone además, una política atractiva en los diversos sectores de la vida económica. Debemos, entonces, promover en concreto una nueva política energética en general, petrolera en particular, para aprovechar las potencialidades en este sector, a la luz de la nuevas realidades existentes en el mercado global. Se requiere una nueva política minera, que detenga la política extractiva y ecocida. Debemos impulsar una reformulación de la política minera, donde prive la variable ecológica sobre la estrictamente económica.
Una nueva política para la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, el comercio y los servicios será menester poner en práctica.
Para hacer posible los elementos de la política aquí anunciada, será vital, impulsar en forma simultánea un programa de inversiones en el plano social y en el de la infraestructura.
Una política social seria debe estar destinada a ofrecer a los sectores más vulnerables oportunidad de vivir, en tanto la economía se recupera y produce su efecto en la calidad de vida de la población. Esto supone, básicamente alimentos y atención sanitaria para los que carecen de acceso a dichos bienes esenciales. Recuperar el salario, hoy ya inexistente, en todos los sectores, pero muy especialmente en el sector público. No hay programa económico sostenible en el tiempo sin que el ser humano pueda vivir con un mínimo de dignidad.
Un relanzamiento de la economía venezolana requerirá inversiones en el campo de la infraestructura para el desarrollo. Se requiere repotenciar, reparar o efectuar nuevas construcciones en áreas como la vialidad, transporte público, energía, agua, comunicaciones, instalaciones educativas y sanitarias. Una infraestructura para el desarrollo económico y social necesita inversiones que deben obtenerse con el financiamiento de los organismos multilaterales.
Ese ambicioso programa requiere un acuerdo de toda la sociedad, al que deben concurrir, muy especialmente, los agentes económicos, laborales y políticos, bajo la conducción de un estado fuerte, que no obeso. Un estado que cumpla su papel de rector, regulador y promotor del bien común, aplicando el principio de subsidiariedad, bajo cuya concepción asuma las tareas esenciales de la vida social, sobre todo, aquellas que no le es dado asumir a los agentes privados de la económica y de la sociedad en general.Para alcanzarlo es fundamental contar con estabilidad política, paz y gobernabilidad. Temas que se dicen fácilmente, pero que es muy difícil lograr. Se requiere amor al prójimo, ética, capacidad, carácter, templanza, madurez, tolerancia y humildad. Como dijo un líder el siglo XX: “manos a la obra”.
