Policía de Buenos Aires dispersa disturbios entre seguidores y opositores de Cristina Fernández
Luego de conocerse que un fiscal pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina que enfrenta un juicio por presunta corrupción, un grupo de opositores y simpatizantes se concentraron a las afueras de la casa de la ahora vicepresidenta en el barrio de Recoleta.
Medios locales informaron que los opositores celebraron con consignas, banderas, pitos y cacerolas la solicitud de condena para Fernández; mientras que la policía de Buenos Aires se desplegó para evitar confrontaciones entre ambos bandos.
Sin embargo, los grupos intentaron acercarse hasta la entrada de la residencia con empujones y la policía usó gases lacrimógenos para dispersarlos. La situación se extendió durante tres horas.
Las autoridades confirmaron que un diputado provincial fue detenido.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Fernández de Kirchner aseveró que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también arremete hacia su persona con las acciones de la policía a sus seguidores.
«La policía de (Horacio) Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona. Reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron (…) como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo», denunció.
Rechaza la condena
La mañana de este martes, Cristina Fernández aseguró que su «sentencia ya estaba escrita», luego de que la Fiscalía pidiera para ella una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
«Los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas. Me hubiera gustado hablar frente al tribunal«, dijo este martes Cristina Fernández, para luego quejarse de que no le hayan permitido transmitir ni televisar la declaración indagatoria en 2019 y que ahora le rechazaran la ampliación de su indagatoria.
«No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita«, indicó.
La vicepresidenta está acusada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato entre 2007 y 2015 y del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) en la austral provincia de Santa Cruz.
