Pedro Castillo tensa la cuerda con el Congreso al proponer constituyente

El Gobierno peruano movió ficha al enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que puede abrir el camino para la convocatoria de una asamblea que redacte una nueva carta magna, lo que obliga a las fuerzas políticas parlamentarias a posicionarse en este asunto.

Tres días después de anunciarlo en la ciudad andina de Cusco, el presidente Pedro Castillo presentó a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, la iniciativa legislativa que busca modificar el artículo 207 de la Constitución para dar luz verde a la convocatoria de una asamblea constituyente.

El documento, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario, plantea también incluir en las elecciones locales que el país celebrará el 2 de octubre próximo una consulta a los ciudadanos sobre si desean una nueva carta magna que sustituya la vigente, implementada en 1993 durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

Una propuesta con la que Castillo, quien asumió el poder en julio del año pasado, aterrizó una de sus principales banderas en campaña electoral y emplazó al Congreso, dominado por la oposición política, a tomar partido.

Una petición de los suyos

El planteamiento no es inesperado, pero su vuelta a la palestra parece motivada por las protestas que han ido creciendo fuera de Lima desde hace cerca de un mes ante el incremento de precios y el aumento del combustible, donde se han escuchado, incluso, voces próximas al discurso de Castillo.

Estas voces reclamaban la convocatoria de una asamblea constituyente, una promesa electoral del gobernante que caló especialmente en regiones como Junín, donde se vivieron algunas de las protestas más violentas y tradicional bastión de Perú Libre, el partido que llevó al presidente a su cargo.

Las tímidas propuestas de avanzar en esta dirección que hizo el jefe de Estado el pasado viernes fueron ensalzadas en las redes sociales por el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que llegó a enzarzarse en agresivas discusiones durante el fin de semana.

También el primer ministro, Aníbal Torres, reconoció este lunes que la propuesta de la constituyente ha emanado de las protestas de la población que, al contrario de lo proclamado en algunos ámbitos, no estaban dirigidas exclusivamente contra Castillo, sino contra buena parte de la clase política en general.

Frente a esa clase política, parte de la sociedad peruana ha levantado la bandera de la constituyente como una suerte de solución mágica que termine con problemas enraizados en el país y que incluyen la inestabilidad perenne.

En manos del legislativo

Ahora, todo queda en manos del Legislativo, al que Castillo instó a «tratar con preferencia» el proyecto porque, dice, «tiene carácter de urgencia».

Pero el proceso se vislumbra dilatado, pues primero debe pasar por la Comisión de Constitución, que preside la congresista fujimorista Patricia Juárez, donde se podría archivar o aprobar y, solo en este último caso, la propuesta podría someterse a debate y votación ante el pleno.

Todo un transcurso que invoca a las doce fuerzas parlamentarias a definir su posicionamiento ante un reclamo controvertido, que desata sentimientos encontrados.

El partido oficialista Perú Libre y el progresista Juntos por el Perú, que cuentan 37 diputados en la cámara, sin duda defenderán con garras y dientes la propuesta, por la que ya abogaron antes.

Probablemente también lo hará el Partido Morado (3 diputados) y la nueva bancada de Perú Democrático (7) —que respalda al Ejecutivo—, pero todavía hay dudas sobre otras agrupaciones como Somos Perú (5), cuyo vocero, José Jerí, ya adelantó su rechazo a la iniciativa, a pesar de que en varias ocasiones su partido ha sido aliado del Gobierno.

 En el otro extremo, aferrados a la carta magna actual, se encuentra la oposición más férrea que integran el partido fujimorista Fuerza Popular, el ultraderechista Renovación Popular, y los conservadores Avanza País y Alianza Para el Progreso, que suman 57 congresistas.

Habrá que ver también cómo se posicionan los 15 parlamentarios del dirimente Acción Popular, aunque la presidenta del Congreso, que integra este grupo, acusó la propuesta de Castillo de ser «inconstitucional e inviable» y «una distracción» que tiene como objetivo final el cierre del Parlamento, algo que, dijo, «siempre ha querido este Ejecutivo».

El camino más corto

Con este balance de fuerzas políticas, y pese a todos los obstáculos, la propuesta planteada por Castillo se antoja como el camino más corto para obtener una asamblea constituyente.

La carta magna peruana recoge que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, es decir, 66 de los 130, y ratificada mediante referéndum.

Esta consulta puede omitirse cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

Es decir, necesitaría el apoyo de 87 parlamentarios durante dos periodos legislativos consecutivos, el mismo número requerido para que reciba luz verde una moción de vacancia (destitución) al mandatario.

De este modo, la convocatoria del referéndum en paralelo a las elecciones del 2 de octubre supone una forma de acortar el camino legal para obtener la tan ansiada asamblea.

Eso sí, previamente debería recibir los votos pertinentes del Congreso, lo que supone que los parlamentarios y las distintas plataformas del Congreso salgan a la luz y se expongan, con claridad, ante una ciudadanía que ahora pondrá el foco sobre ellos.