Venezuela deberá pagar más de $629 millones más intereses y costos por expropiación de Agroisleña
Este jueves el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, mejor conocido como el CIADI, dio a conocer un laudo en el que obliga a la administración de Nicolás Maduro a cancelar la suma de 620 millones de dólares, todo eso como pago de indemnización por la expropiación de los activos de la red de comercialización de insumos agropecuarios Agroisleña, propiedad del conglomerado español Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos.
El laudo que fue emitido este miércoles 23 de marzo como consecuencia del “proceso arbitral iniciado por el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en julio de 2016 contra la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”), bajo el Acuerdo entre el Reino de España y Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (“Acuerdo España-Venezuela”)”.
A ese monto estipulado como indemnización, se deberán sumar además una serie de intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los diferentes depósitos a seis meses denominados en dólares norteamericanos más de cuatro puntos porcentuales, los cuales han sido capitalizados desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en la que la Venezuela haya pagado completamente.
“El Tribunal CIADI determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A. y Venezolana de Riego C.A., constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela”, reza parte de la información reportada por el grupo empresarial favorecido por el laudo.
Asimismo, el Estado venezolano deberá cancelar además de la indemnización la suma de 1.108.819,24 dólares por costos del procedimiento y 16.308.725,30 dólares como resarcimiento al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos por los gastos en los que tuvo que incurrir para defender sus derechos vulnerados.
El ente sostiene además que “la misión del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos es contribuir con el desarrollo de la producción agrícola en los países en los que opera, ofreciendo apoyo integral a los agricultores, mediante la oferta oportuna y suficiente de insumos, maquinarias y equipos agrícolas, la recepción y almacenamiento de cosecha, asistencia técnica e incorporación de nuevas tecnologías”, destaca el comunicado.
Según el registro que lleva el Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad, la deuda consolidada del país como resultado de procesos de arbitraje supera los 30.000 millones de dólares, según cifras de 2021.
Al cierre de 2020, la administración chavista había efectuado más de 5.500 expropiaciones y confiscaciones directas. El reporte de Cedice-Libertad situó la deuda externa consolidada de la República y Pdvsa, incluyendo los procesos de arbitraje concluidos y en litigio, en alrededor de 162.000 millones de dólares.
