Sin servicios públicos de calidad no hay democracia
El chavismo, y su versión más degradada, el madurismo, acabaron con la democracia en todas las esferas. Levantaron un sistema fundado en la arbitrariedad jurídica, el autoritarismo político y la ineptitud operativa. Este último componente se manifiesta en el colapso generalizado de los servicios públicos en todo el territorio nacional, fenómeno demostrado con meridiana claridad en diferentes investigaciones.
La visión actual de la democracia en el planeta incluye –como es tradicional– la libertad de información, pensamiento, expresión, desplazamiento dentro del territorio nacional, disensión, ejercicio de la crítica y protesta de forma pacífica, entre muchas otras expresiones. También incorpora la separación de los poderes públicos, la igualdad ante la ley –preeminencia del Estado de derecho-, concepto a partir del que se consagra el respeto a los derechos humanos y a las minorías, el predominio del principio ‘un ciudadano un voto’, fundamento de la elección de gobiernos asentados en el voto popular, universal y secreto; además de un amplio conjunto de conquistas obtenidas a lo largo de la lucha tenaz de los pueblos contra los factores que aspiran a engraparse al poder, desconociendo la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales del ser humano.
Desde finales del siglo XIX, pero especialmente luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, tomó cuerpo la visión que incorporó la equidad y homogeneidad en la calidad de vida de las mayorías, como parte sustancial de la democracia. Los partidos políticos, los sindicatos y otros agentes de la sociedad civil, se dieron cuenta de la imposibilidad de hablar de libertad e igualdad, es decir, de democracia, si los gobiernos y las élites no mejoraban las condiciones de vida de la población mediante la provisión de servicios públicos que hicieran más confortable, sencilla y amable la vida de los ciudadanos. Las fuerzas progresistas tuvieron un papel clave en el proyecto de universalizar el bienestar a través de la inversión en electricidad, transporte público, vías de comunicación, suministro de agua, construcción de viviendas, educación y salud. Los partidos y organizaciones asumieron que la democracia no podía sustentarse solo en la igualdad jurídica y política, sino que también debía construir una plataforma objetiva, que le permitiese a la gente sentirse libre e igual.
Las democracias liberales comprendieron que las sociedades no pueden igualarse de forma compulsiva –tal cual plantean los comunistas y otras doctrinas colectivistas-, acabando con la propiedad privada y fijando salarios similares para todo los trabajadores. Las medidas coercitivas introducen desestímulos que conspiran contra la producción, la productividad y la eficiencia de la sociedad. La igualdad, y por la tanto la democracia, deben afincarse en la homogeneidad de las condiciones materiales básicas de vida.
El régimen actual representa un evidente retroceso con relación a los logros alcanzados durante los cuarenta años de vida democrática.
La mayoría de la población, hasta 1999, llegó a disfrutar de servicios de calidad. En Caracas, el Metro y el Metrobús fueron medios de transporte que unieron a los ciudadanos de Este a Oeste y de Norte a Sur, reduciendo los contrastes sociales. En el Metro podía verse desde el alto ejecutivo hasta el modesto trabajador de una empresa pública o privada. Para contar con electricidad, no había que vivir en un lujoso edificio cuyos propietarios estuviesen en capacidad de gastar miles de dólares en la compra de una planta eléctrica. Para surtirse de agua a diario y de forma permanente, no había que contratar una empresa que perforara el suelo para llegar a pozos profundos. Para conectarse a internet y disponer de ese servicio con regularidad, no había que buscar una compañía privada y pagarle a precios internacionales, en un país con un ingreso promedio mensual miserable. La Cantv, aunque estaba en manos particulares, proveía la conexión a cifras módicas. Las universidades autónomas nacionales, a pesar de que se quejaban de los presupuestos anuales por deficitarios, funcionaban con holgura, satisfacían las demandas básicas de los docentes, estudiantes y empleados, y servían como mecanismo de ascenso social.
Los estudios más recientes que conozco –destaco los del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) y los de Consultores 21- muestran un país desvencijado, en el cual la gente reciente que su calidad de vida se ha envilecido porque ninguno de los servicios requeridos en su vida cotidiana funciona de forma regular y eficaz. Aunque existen algunas diferencias regionales según el servicio que se considere, siendo las zonas más castigadas el estado Zulia y la Región Oriental, la nación se encuentra, en general, arruinada. Más de 70% de la población, en promedio, se queja de la baja calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes, del deterioro de los centros de salud públicos, la electricidad, el agua, la recolección de basura, el transporte colectivo, las vías de comunicación y la conectividad a internet, indispensable para atenuar los efectos letales del coronavirus en el sistema escolar. Venezuela se ha empobrecido de forma uniforme e integral. Este fenómeno ocurre, aunque existan los grupos minoritarios con acceso a dólares de forma regular y suficiente, que pueden financiar esos servicios sin mayores dificultades.
El viejo proyecto democrático –universal, inclusivo e igualitario- se fue a pique con el gobierno de Nicolás Maduro. Del Estado Social de Derecho –diseñado en la Constitución de 1961 y reafirmado en la Carta de 1999- no queda sino una caricatura, que se ve en las irrisorias ayudas económicas que ocasionalmente otorga el gobierno y en las cajas CLAP, que de vez en cuando reciben algunos sectores.
Entre los grandes desafíos planteados por la reconstrucción nacional, se encuentra volver a convertir los servicios públicos en un mecanismo para asentar la democracia. Millones de venezolanos están pasándola muy mal
@trinomarquezc
