Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 243 «presos políticos»
Foro Penal denunció que en el país hay 243 detenidos a los que consideran presos políticos, uno menos con respecto a su último informe publicado el 29 de diciembre
La ONG de Venezuela Foro Penal denunció que en el país hay 243 detenidos a los que consideran presos políticos, uno menos con respecto a su último informe publicado el 29 de diciembre.
«Al día de hoy, comenzando 2022, en el Foro Penal registramos 243 presos políticos en Venezuela», escribió el director de la ONG, Gonzalo Himiob, en su cuenta de Twitter.
Del total de reos, 230 son hombres, 13 son mujeres y hay un adolescente. Además, 111 son civiles y 132 militares.
El Foro Penal indicó que en la última semana se produjo una excarcelación y no hubo ninguna detención.
Actualmente, 208 de los presos no han sido condenados por ningún delito, mientras que 35 ya han recibido una sentencia.
«Desde 2014 se han registrado 15.750 detenciones políticas en Venezuela», recordó la organización.
El domingo, la ONG Fundaredes denunció el deterioro de la salud de su director, Javier Tarazona, detenido en julio pasado después de convertirse en la principal voz de denuncia del conflicto que estalló en una región limítrofe entre las Fuerzas Armadas y grupos disidentes de las FARC.
«Debido a sus condiciones de reclusión a Javier Tarazona se le ha deteriorado su salud. Él tiene enfermedades base diagnosticadas previas a su detención, una de ellas arritmia cardiaca», escribió la organización en su cuenta de Twitter.
Amnistía Internacional catalogó a Tarazona en diciembre pasado como «preso de conciencia» y reclamó su liberación.
La Justicia venezolana confirmó el 9 de diciembre el pase a juicio de Tarazona, quien fue detenido junto a su hermano Rafael Tarazona y al también activista Omar de Dios García, quienes pasarán a juicio, si bien ninguno de los dos se encuentra actualmente en prisión.
Los tres miembros de Fundaredes fueron detenidos el pasado 2 de julio, cuando acudieron a la sede fiscal de Coro, capital del costero estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y sujetos sin identificar, según denunció entonces Fundaredes.
Todos ellos están acusados de terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».
