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EE.UU aplicará más sanciones a Nicaragua tras elecciones «antidemocráticas»

La mayor parte de la comunidad internacional no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Nicaragua, en las que Ortega, con sus rivales encarcelados o exiliados, obtuvo el 75 % de los votos y blindó un quinto mandato

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, condenó este lunes las elecciones «antidemocráticas» de este domingo en Nicaragua y reiteró que Washington continuará imponiendo «sanciones» al Gobierno del presidente Daniel Ortega.

En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense criticó que la «represión y manipulación electoral» por parte del Ejecutivo nicaragüense arrebataran cualquier «significado real» al voto del 7 de noviembre.

«Estados Unidos se une a otras democracias en la región y en todo el mundo en la condena de esta subversión de las normas democráticas», señaló Blinken.

Por ello, agregó que EE.UU. seguirá «usando la diplomacia, las medidas coordinadas con los socios regionales, las sanciones y las restricciones de visados» para promover la «rendición de cuentas» de los «cómplices» del Gobierno de Ortega.

La mayor parte de la comunidad internacional no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Nicaragua, en las que Ortega, con sus rivales encarcelados o exiliados, obtuvo el 75 % de los votos y blindó un quinto mandato.

Con siete aspirantes presidenciales de la oposición en prisión, acusados de «traición a la patria», Ortega, en el poder desde 2007, logró su propósito de salir reelegido para un nuevo mandato de cinco años, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Este domingo, el presidente estadounidense, Joe Biden, ya calificó las elecciones en Nicaragua de «pantomima ni libre, ni justa, y ciertamente, no democrática».

Se espera que Biden firme en las próximas horas la llamada ley «Renacer» (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) que amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.

Además, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables nicaragüenses y que estas se coordinen con el Gobierno de Canadá y la Unión Europea (UE), a la vez que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA). 

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