¿Es la vacunación infantil una necesidad?
Observamos como, con la apertura de las clases presenciales, el régimen se apresura en vacunar a los estudiantes. En principio no es criticable que se aplique a los mayores de 12 años. Pero, de allí a hacerlo sin autorización de los padres y sin las debidas condiciones de higiene, y sin haber vacunado previamente a todo el personal docente y al resto del personal que en ellos labora, hay un buen trecho.
Es público y notorio que en muchas escuelas y liceos públicos no hay agua y que las condiciones sanitarias dejan mucho que desear. Tampoco, que se sepa, hubo una preparación previa del personal en las normas mínimas de bioseguridad a ser aplicadas. Se nota un alto grado de improvisación que se puede deber a la necesidad de impresionar a la opinión pública en su afán de verse activo combatiendo el virus, aunque, maliciosamente hablando, se podría suponer que guardaría relación con el evento electoral de noviembre.
Un tema mucho más delicado es el de la vacunación de los niños más pequeños, que no parece ser una prioridad en la mayoría de los países y que, en todo caso, no puede ni debe ser hecho sin el consentimiento previo de los padres o representantes y que, en última instancia debería hacerse con una vacuna aprobada por la OMS y no con la Abdala y o la Soberana, que solo Cuba las certifica.
Proteger a la población trabajadora y vulnerable se fundamenta en un principio rector de la economía de libre mercado es la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Sin embargo, en el marco de la actual pandemia, incluso los libertarios más fundamentalistas están exigiendo regulaciones del mercado más estrictas y un papel más activo para el Estado.
En la mayoría de los países del mundo (con la probable excepción de Corea del Norte), la economía nacional se estructura básicamente en torno a tres componentes: consumo de los hogares, gasto público e inversión del sector privado. En tiempos “normales”, los gastos de los hogares y las inversiones privadas aseguran el crecimiento económico, pero en tiempos de crisis –más allá de su origen– incluso los defensores más fervientes de la libertad mercantil exigen que el sector público los proteja.