Álex Saab cumple un año detenido en Cabo Verde
El nombre del empresario apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro
El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, cumple hoy un año detenido en Cabo Verde a solicitud de EEUU, que le acusa de delitos de blanqueo de dinero y reclama su extradición.
Saab fue arrestado el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol.
El aniversario se cumple después de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) pidiera este martes a Cabo Verde que «se abstenga de extraditar» al empresario «mientras su caso sea examinado por el Comité o hasta nuevo aviso»; e instara al país africano a permitir a Saab el acceso a «atención médica adecuada».
El empresario, de 49 años, interpuso una denuncia ante ese organismo que alega «tortura y malos tratos» en el momento de su arresto, así como «condiciones inhumanas y degradantes de la detención debido a la falta de cuidados médicos».
«Esperamos que Cabo Verde tome nota, cumpla el mandato del Comité y que la Corte Constitucional (caboverdiana) decida la improcedencia de la extradición de Álex Saab a Estados Unidos», afirmó esta semana el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador del equipo legal internacional de supuesto testaferro, en alusión al veredicto que ese alto tribunal debe emitir sobre la suerte del detenido.
CEDEAO autorizó su extradición
El pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque al que pertenece Cabo Verde, falló también contra la extradición del empresario y se pronunció a favor de su libertad inmediata.
Tras ese fallo, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó ese mismo mes la entrega de Saab a EEUU, si bien la defensa apeló contra esa resolución ante la Corte Constitucional, máxima instancia judicial de este país insular de África occidental.
El Gobierno caboverdiano ya aprobó el año pasado la extradición del supuesto testaferro y, desde entonces, mantiene que el caso debe seguir sus trámites legales en este país, estando la Procuraduría General a la espera de la decisión definitiva de la Justicia.
Presunto blanqueo de 350 millones de dólares
Tras su detención, Venezuela subrayó que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
«Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante (…) EEUU», declaró a Efe el propio Saab en una entrevista hecha a comienzos de marzo desde su cautiverio en Sal, al asegurar que «no colaboraría» con Washington si fuera extraditado finalmente.
El nombre del empresario apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro.
Saab, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, guarda relación con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con estos comités, cuyas ayudas se entregan a los más desfavorecidos, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
