A 27 años de la crisis bancaria de Venezuela

La crisis bancaria del año 1994 en Venezuela resultó un proceso de insolvencia financiera que afectó a varias entidades de la banca privada comercial, produciendo la desaparición de las más emblemáticas de ellas y a su vez, el colapso económico privado del país.

El proceso que inició en febrero de 1994 estuvo acompañado de una serie de aportes monetarios del Estado para auxiliar a los bancos que tenían problemas. La crisis se extendió hasta el año 1995.

Analítica.com conversó en exclusiva con el expresidente de Bancor, Juan Santaella, al cumplirse 27 años de la crisis financiera venezolana.

Santaella explica que la intervención de una de los bancos (Latino) a puertas cerradas obedeció a «razones políticas». A su juicio, no cabe otra explicación porque «en los gobiernos de Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera había en el gabinete ministros con experiencia en esas lides».

Recordó a Carlos Rafael Silva, ministro de Hacienda de aquel entonces de Ramón J. Velásquez, a quien describió como funcionario público de larga data, economista, y que  conoció muy de cerca las intervenciones del Banco Nacional de Descuento, del Banco de Comercio y del Banco de Los Trabajadores y fue Director del Banco del Caribe.

Santaella explicó que la primera intervención del Banco Nacional de descuento (BND) fue en el año 1961 durante el gobierno de Rómulo Betancourt y que esa acción «fue muy bien llevada» aunque posteriormente fue nuevamente intervenido y liquidado. Ante esto, el expresidente de Bancor expresó que se originaron situaciones diferentes porque la primera intervención cesó  el banco había regresado a su actividades regulares; mientras que en la segunda, durante la gestión del fallecido presidente Carlos Andrés Pérez, se produjo la segunda intervención a puertas cerradas, eligiéndose como interventor a José Gabaldón Anzola, exconsultor Jurídico del Banco Central. «Después de una larga intervención se decide su liquidación bajo el gobierno de Jaime Lusinchi. Los casos del Banco de Comercio y del Banco de los Trabajadores, también ilustran las consecuencias de las intervenciones a puertas cerradas».

«El Banco Táchira también fue intervenido a puertas cerradas después de la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez probablemente también por razones políticas y todavía continuas en proceso de liquidación».

Ante la crisis financiera de 1994, Santaella citó como actores principales a Hernán Anzola, ministro de Cordiplan del gobierno de Ramón J. Velásquez, exviceministro de Energía y Minas, y expresidente del Banco Central, quien tenía suficiente experiencia en la materia; a Ruth de Krivoy, Presidenta del Banco Central; a Hugo Romero Quintero, Vicepresidente del Banco Central y expresidente de Fogade.

Para aquel entonces, el Superintendente de Bancos, Roger Urbina Marte, fue quien se opuso a la intervención del Latino a puertas cerradas, «tal vez por su experiencia previa como interventor del Banco de los Trabajadores cuyo cierre en el gobierno de Luis Herrera Campins originó no pocos problemas económicos y financieros», expresó Santaella.

El también economista refirió que la crisis financiera de 1994 tuvo un lapso de desarrollo durante al menos 20 años y que surgió de una combinación de diversos factores macroeconómicos, políticas económicas, monetarias y fiscales erradas que fueron puestas en marcha por los gobiernos antecesores al segundo mandato de Rafael Caldera.

1993: año de lucha por los recursos del público

«Los bancos aumentaron la tasa de interés pasiva y se enfrentaron a un crecimiento exponencial de la morosidad de las carteras de crédito. Esta estrategia de aumentar tasas para captar depósitos o retenerlos, la ejecutamos todos los administradores de bancos», apuntó Santaella.

«Esa situación tuvo dos consecuencias graves: menos ingresos por intereses y mayores costos por depósitos, lo que se tradujo en un importante desbalance entre los plazos y exigibilidad de las operaciones pasivas y las activas. Es decir, los bancos no podían cobrar a tiempo pero tenían que pagar elevados intereses a los depositantes, produciéndose un fatal circulo vicioso. Los préstamos se renovaban varias veces, aparece la figura del «renovaré». No había entradas de caja por esta vía y las nuevas captaciones eran muy escasas. Se agravaba cada vez más la situación de liquidez. Los tesoreros de los bancos decían «no tengo ingresos por mis colocaciones y tengo que pagar los intereses a los depositantes; estoy presionado por los dos lados». Situación muy parecida a la del comerciante que compra al contado y vende a crédito. Los bancos «compraban» dinero al contado y lo «vendían» en préstamos a plazos», agregó el economista.

El grupo Bancor, entidad que presidía Santaella, recurrió al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade) durante el primer trimestre de 1994…

-¿Qué causas determinaron esa decisión? ¿Cuál era la situación que se vivía en aquel momento?

-En realidad es el Banco Comercial Bancor quien recurre al auxilio, los demás integrantes del Grupo no lo hacen. Después que se produce la intervención a puertas cerradas del Banco Latino se provocó una gran alarma, una crisis psicológica, en el público ahorrista.

 -Los rumores iban y venían. Los clientes no podían acudir al banco para efectuar sus pagos o cobrar sus cheques. El cierre del Latino, que tenía una estrecha relación con la construcción, con el sector petrolero, con el sector industrial, agrícola, con los gremios etc., genera una verdadera catástrofe. Toda esa gente se encuentro con que no tenía dinero para pagar las nóminas las cuales quedan congeladas. Eso provocó una crisis general en el sistema. Se desencadena una ola de rumores, intencionados, dirigidos. Hay corridas importantes en el Banco Maracaibo, el más antiguo del país, instituto asociado al Latino. Esa situación se generaliza y comienza una corrida contra bancos que no estaban cerrados. Eso conduce a que recurran a Fogade, organismo que por ley  había sido creado para atender ese tipo de situación. Los bancos le pagaban una contribución o prima de seguros para recibir auxilio cuando eventualmente tuviesen problemas de liquidez. Fogade garantizaba así los depósitos del público. El mismo mecanismo que se usa en otros países.

Santaella explicó que Bancor recurrió a Fogade el 23 de marzo de 1994 y que cuando comenzó la crisis en enero de ese año, la entidad bancaria estaba en una «situación normal de liquidez». De hecho el Gobierno del presidente Velásquez decidió nombrar una Junta Consultiva para colaborar con el proceso. «Cuando comenzamos a tener problemas de liquidez en Bancor, organizamos un pool con ocho bancos comerciales y sociedades financieras a los cuales entregamos parte de nuestra cartera de créditos para constituir un fideicomiso en garantía a cambio de recibir quince mil millones de bolívares. Es decir, enfrentamos inicialmente la crisis sin recurrir a Fogade», puntualizó.

Recordó que si esos activos «no hubieran tenido el valor equivalente al dinero recibido del fideicomiso privado, los bancos no nos hubieran prestado ese monto. Ese fideicomiso fue manejado por la Sociedad Financiera Unión. Todos, incluidos los fiduciarios pensábamos que era un problema transitorio. Sin embargo, el desarrollo de la crisis continuo afectándonos y como consecuencia esa línea de crédito se hizo insuficiente», dijo.

Sin visión de solución alguna

Santaella también recordó que vez transcurridos 75 días  del cierre del Banco Latino,  «no se avizoraba solución alguna» y que al contrario «los problemas tendían a agudizarse. Presentamos nuestra solicitud de auxilio financiero, la cual es también sometida a la opinión del Banco Central y resulta aprobada. El fideicomiso constituido a favor de la Sociedad Financiera Unión es transferido a Fogade en pago del primer auxilio recibido. El valor y la solvencia de los activos entregados por Bancor a Fogade estaban certificados por los propios bancos que nos habían otorgado el préstamo inicial», apuntó.

«Quiero destacar que en previsión de los problemas que luego se agravaron, con anterioridad a que recurriéramos a Fogade, presentamos soluciones prácticas y viables para resolver nuestra situación. A pesar de ello fuimos arrastrados por la crisis. Los organismos del Estado comenzaron a retirarnos depósitos y eso tuvo un efecto negativo en nuestra tesorería. Recuerdo que en una reunión le propuse al Ministro de Hacienda que una forma de atajar la crisis era reciclando los depósitos de los organismos del estado entre los bancos afectados de manera que no hubiese necesidad de acudir al auxilio de Fogade. Si a un banco le retiraban depósitos oficiales y los transferían a otro, este a su vez los recolocaba en el banco al cual se los habían retirado. De esta manera se podría haber evitado la caída de los bancos a los cuales el gobierno y los institutos autónomos y empresas del Estado le retiraban los depósitos. El 23 de marzo del 94 días luego de la intervención a puertas cerradas del Banco Latino tuvimos que acudir a Fogade. Para recibir el auxilio financiero firmamos un contrato de venta de activos con pacto de recompra», expresó.

Bancos presionados

Santaella refirió que a Bancos le fueron retirados los fondos por parte de los organismos gubernamentales. «Los retiros se incrementaban día a día», dijo.

El economista señaló que estuvo bajo la presidencia de Bancor hasta el 10 de mayo de 1994 y que mientras ocupó ese cargo, la entidad bancaria no fue intervenida y además, refiere que cumplió con sus clientes, pagó los auxilios recibidos. «Yo siento que hice todos los esfuerzos que estuvieron a mi alcance para tratar de superar la crisis pero me estrellé frente a la voluntad política de querer profundizarla para liquidar a unos cuantos ‘enemigos’ del Gobierno entre los cuales nos incluyeron gratuitamente», puntualizó.

A juicio de Santaella, los bancos que piden un auxilio financiero, lo hacen con la finalidad de que puedan pagar sus obligaciones con los activos que posean en un momento específico y que para ello, los plazos son determinantes. «Yo puedo ser solvente hoy y no serlo veinticuatro horas o un mes después a pesar de tener los mismos activos y las mismas deudas. Depende de la capacidad de convertir los activos, por muy valiosos que sean, en dinero líquido. En el caso de los bancos los activos comenzaron a deteriorarse. Los clientes de crédito, que formaban parte importante de esos activos, perdían capacidad de pago debido a la crisis económica generada por el defenestramiento de Carlos Andrés Pérez. Entonces, a pesar de que el cliente fuese muy bueno, su crédito se convertía en incobrable y el banco entraba en problemas de liquidez porque tenía que seguir pagando los intereses de los depósitos. La pretendida insolvencia de los bancos que van al auxilio se ha manejado de manera muy interesada. En primer lugar precisaría que los bancos más líquidos le prestaban a los menos líquidos. No era cuestión de solvencia sino de liquidez», señaló.

Santaella explicó que las liquidaciones bancarias «no se decretan sino hasta 1995» y que en esa decisión hubo una manera errada de cómo se manejó el proceso. Este hecho lo atribuye al que también fue presidente de la CANTV, Gustavo Roosen. «Él sabía muy bien lo que hacía y porqué lo hacía. Él fue el cerebro del proceso. El que movía las piezas y tiene una clara responsabilidad en lo que ocurrió», aseguró.

Finalmente, explicó que los bancos que fueron auxiliados y por último, «asfixiados», fueron intervenidos a puertas cerradas y nombraron a nuevas Juntas Directivas que pasaron a ser Juntas Interventoras y, posteriormente, «liquidadoras».

El expresidente de Bancor resaltó que Fogade «no tenía los recursos suficientes para entregarle a los bancos los montos que demandaban sus clientes. Por esto el Banco Central (BCV), como prestamista de última instancia, es quien provee los fondos a Fogade y lo hizo de una manera transparente. El Central depositaba los montos en las cuentas de los bancos. Esos montos correspondían únicamente a los retiros que se habían producido durante el día. Había una completa transparencia en la operación», afirmó.

A criterio de Santaella, la crisis financiera del año 1994, pudo haber evitado, sí y solo sí el presidente de ese entonces, Rafael Caldera, «no hubiese agravado la situación que presentaba el Banco Latino a comienzos de ese año para sacar beneficios políticos». Para Santaella, se trató de una operación calculada que se le fue de las manos al gobierno. «La decisión de cerrar las puertas del banco por casi tres meses creó una gran incertidumbre entre el público depositante que terminó afectando la credibilidad del sistema bancario. Recuerda que ni el Presidente, ni su Ministro de Hacienda, ni la Presidente del Banco Central de Venezuela hicieron declaración pública alguna para transmitir respaldo y confianza a la ciudadanía», finalizó.