Piden a la ONU y a la OEA investigar violaciones a los derechos humanos en Apure
El llamado lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que responzabilizó a la gestión de Nicolás Maduro por lo ocurrido en la zona fronteriza con Colombia
La situación que se vive en Apure con el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y grupos de irregulares de las disidencias de las FARC ha provocado la reacción tanto del Gobierno interino como de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015. Ahora es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que pidió este martes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que investiguen las detenciones de periodistas y activistas de derechos humanos, además de los crímenes que se han registrado en la población de La Victoria, en el estado suroccidental.
En un comunicado, el órgano hizo un llamado «urgente» a la comunidad internacional para que brinde su apoyo y colaboración en la asistencia humanitaria en favor de los miles de venezolanos desplazados ante el conflicto armado que se registra en la frontera entre nuestro país y Colombia desde hace más de 15 días.
Responsabilidad del madurismo
Para el TSJ en el exilio, «el régimen de facto de Nicolás Maduro» es el responsable por «las acciones y omisiones violatorias de los derechos humanos a la vida, seguridad e integridad personal«, al tiempo que ratifican la orden de acatamiento al contenido del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en cuanto al cese del funcionamiento de las FAES, señalada por perpetrar diversos actos delictivos en la zona.
Del mismo modo, exhortan a la oficialidad y demás componentes de las Fuerzas Armadas para que se abstengan de obedecer y desconozcan cualquier orden de sus superiores. En caso de no hacerlo, el TSJ advierte que deberán responder penal, civil y administrativamente.
Finalmente, alientan al Gobierno encargado que preside Juan Guaidó, a los integrantes de la legítima Asamblea Nacional y a su Comisión Delegada que ejerzan todas las acciones pertinentes «con la celeridad que el caso amerita» ante la comunidad y organismos internacionales, para detener «las irregulares y arbitrarias actividades fronterizas«, con el objetivo de encaminar su procesamiento y sanción.
