¡Corrupción en la frontera!
Desde siempre, sin que pueda catalogarse el hecho como novedoso y fáctico, o consecuencial relacionado con la política pública actual o derivada de las acciones de emergencia nacional, como se ha dicho: “para enfrentar la guerra económica y los llamados bloqueos de otros países”, ha surgido el morbo de la corrupción en la frontera. Si bien es cierto, que al presente es no solo notorio sino exponencial, no puede culparse a las instituciones nombradas, ya que la corrupción, no solo en la frontera, sino en todo el ámbito del poder público, surgió y se potencializó con la sarta de barbaridades gubernamentales de este gobierno y régimen decadente.
Muchos son los escritos y opiniones que tratan o intentan conseguir las causas de dicha gubernamental, que ha dado origen a la debacle prevista y anunciada, nominando instituciones que nada tienen que ver con los hechos de sus integrantes, quienes se valen de esta patente de corso, que sin querer, los hace inimputables por sus hechos, al adosárselos a la institución que quieren personalizar como forma de concluir la discusión. Es el caso de querer resolver el problema de la corrupción valorándola en número encuestado, que da como resultado indicar que las instituciones mas corruptas son las fuerzas armadas y la policía.
Aparece como noticia, que “El estudio de la Coalición Anticorrupción de Venezuela (CAV) del período correspondiente al año 2019, arroja una cifra terrible para la institución castrense venezolana, porque la inmensa mayoría de los consultados en la frontera considera a la Fuerza Armada venezolana y a los cuerpos policiales como las instituciones más corruptas del país.”
No entraremos a analizar esta conclusión como elemento de validez impoluta, como lo hace una mayoría critica, toda vez que como inicio en nuestro análisis, tendríamos que valorar la calidad de los integrantes de esa “coalición CAV”, ya que no se habla de personas naturales, que tienen responsabilidad personal en derecho, sino de instituciones, de quienes responden sus dirigente y conductores, por lo que no tiene sentido calificar a las instituciones con cuantía de criterios, que pudieran ser infundados o no bien valorados por falta de conocimiento para discernir en la valoración, es decir, por falta de formación necesaria para hacerlo.
Nosotros, como venezolanos que hemos servido en la institución Fuerzas Armadas; que ayudamos a establecerla como una institución moderna para la guerra en la defensa nacional, tenemos la obligación de defender su institucionalidad, no asumiendo posiciones de tonto radicalismo, sino como parte de lo establecido en la doctrina de Seguridad de la Nacional, hoy contemplada como obligación en el artículo 322 de la Constitución. “La Seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional”.
Es decir, la seguridad de la nación es responsabilidad de “todos y todas”, por lo que no se debe escurrir el bulto intentando de buscar responsables de las ocurrencias de muchos, que han logrado desestabilizar al sistema democrático, no solo eludiendo su responsabilidad, sino inculpando a las instituciones, como si estas fueran seres vivientes con responsabilidades en las áreas de su competencias.
Olvidan, que las instituciones surgen del precepto constitucional que las crea, y son los hombres y mujeres que la integran en su organización, y los que planifican, conducen sus operatividad, la controlan y evalúan su ejercicio, quienes son los responsables de la orientación y resultado de estas operaciones; por ello, no podemos culpar a la institución de la hechura errónea de sus conductores y mucho menos darles calificativos como quieren hacer hoy con la Fuerza Armada y la Policía al endilgarles el apelativo de “instituciones más corruptas de la frontera”.
No fue ni es la institución armada la culpable de la “postura” de Chávez. Él fue derrotado por ella en su intento de golpe de Estado en 1992, cuando la Constitución (de 1961) establecía como función de las Fuerzas Armadas Nacionales defender la constitución y las leyes, también restablecer el orden público si éste era violentado y no podían hacerlo las fuerzas de policía, pero esto fue eliminado en la “mejor constitución del mundo”, hoy vigente, que no fue hecha por las fuerzas armadas sino por seguidores del “comandante eterno”, cuando creyó la mayoría de los venezolanos, que había aparecido el mecías necesario para consolidar la independencia después de Bolívar.
Desde hace tiempo, se instauró un gobierno militarista de pocos jefes militares, quienes creyeron que eran mejores que los políticos para gobernar, y han gobernado, conduciendo al país a la bancarrota que hoy tenemos. No es gobierno de la Fuerza Armada, sino que el poder político corrompido en el Ejecutivo, con el apoyo del TSJ, lograron eclipsar a la Asamblea Nacional que quiso restaurar la democracia, pero fracasó por muchos diputados opositores, que se enfrascaron en la tarea de creer que era necesaria la intervención militar para sacar al gobierno usurpador. Esto no lo han visto lo que quieren calificar a la institución militar como el chivo expiatorio que mantiene el poder.
No deben olvidar, que los militares en retiro solicitaron al TSJ, mediante un amparo, que apartara a los militares activos de la participación política, como lo establece el artículo 330 de la CRBV, pero la Sala Constitucional declaró sin lugar al amparo y aprobó esta perla decisoria:
“…se puede afirmar que los mensajes que pueden ser difundidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del empleo de un saludo o una consigna militar en nada trastoca el orden jurídico que rige para las instituciones y demás autoridades de las cuales depende esta institución militar…”
“…esta Sala… no encuentra reproducido ningún mérito… capaz de demostrar que la actuación, presuntamente violatoria de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de la superioridad jerárquica de la cual depende, que implique propaganda o proselitismo político…”
“No obstante, sobre el tema planteado bien cabe acotar, o aclarar para este caso en particular, que la participación de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática y protagónica que, para los efectos de la República Bolivariana de Venezuela, sin discriminación alguna, representa el derecho que tiene todo ciudadano, en el cual un miembro militar en situación de actividad no está excluido de ello por concentrar su ciudadanía, de participar libremente en los asuntos políticos y en la formación, ejecución y control de la gestión pública –siguiendo lo consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República de Venezuela-, así como también, el ejercicio de este derecho se erige como un acto progresivo de consolidación de la unión cívico-militar, máxime cuando su participación se encuentra debidamente autorizada por la superioridad orgánica de la institución que de ellos se apresta.”
Toda una verdadera perla jurídica, que sería bueno analizarla por los estudiosos del derecho comparado, utilizando el articulado 328, 329 y 330 de la CRBV.
@Enriqueprietos
