Fiscalizarán 101 comercios durante semana de cuarentena radical
La ministra de Comercio de Nicolás Maduro, Eneida Laya Lugo, informó que a partir del 18 de enero, semana de “cuarentena radical”, iniciaría un proceso de fiscalización denominado “Plan 101” a ejecutarse en 101 municipios de todo el territorio nacional.
Esta inspección estará en manos de representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) y abarcará a aquellos sectores que fueron calificados como “prioritarios” durante el contexto de la pandemia por la presencia del coronavirus en el país desde el 13 de marzo de 2020, entre ellos: supermercados y mercados.
De acuerdo a la medida implementada a mediados de 2020 por Nicolás Maduro del “7+7” (siete días de cuarentena radical y los siguientes siete de flexibilización), para esta semana (hasta el domingo 24 de enero) están autorizados para laborar: alimentación, transporte, medios de comunicación, telecomunicaciones, seguridad y salud, son quienes cuentan con permiso para la libre circulación.
Laya informó que los establecimientos comerciales que representan el 30% de los 335 municipios, serán recorridos. Esto, con el objetivo de «identificar nudos críticos de los actores económico, trabajando para consolidar un ecosistema comercial sana y favorecer al pueblo», expresó a través de su cuenta en Twitter.
De acuerdo a la información reseñada por el portal del canal del Estado, Venezolana de Televisión, en lo que va de año el gobierno ha ejecutado más de 300 fiscalizaciones y notificaciones a comercios y empresas, acciones que vienen registrando desde hace varios meses otros entes del Estado.
¿De qué han servido la aprobación de leyes para el control de precios?
No es la primera vez que el Gobierno inspecciona, supervisa, multa a los establecimientos por el incremento en los precios de los productos.
El 6 de febrero de 2003, bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, salió la primera lista de 45 bienes y 7 servicios que fueron denominados como “primera necesidad”, cuyos precios fueron fijados por el Ejecutivo.
Posteriormente, durante los años 2008, 2009 y 2010 fueron promulgadas algunas leyes en materia de protección al consumidor. Luego, en 2011 arrancó una era de ampliación en el control de precios a propósito de la promulgación de la Ley de Costos y Precios Justos, puesto que, con su aprobación, fue creada la Superintendencia Nacional de Costos y Precios para la revisión y control de los costos de producción, presuntamente para garantizar “una ganancia justa y evitar la especulación”.
Este ley fue reformada el 19 de noviembre de 2014 y luego el 12 de noviembre de 2015. Ambas reformas fueron hechas bajo la aplicación de una Ley Habilitante.
Transcurridos dos años, la extinta Asamblea Nacional Constituyente aprobó la llamada Ley Constitucional de Precios Acordados.
Estas leyes acerca del control de precios ha traído otras medidas implementadas por el Gobierno: comprar productos de acuerdo al terminal de cédula (como establecieron con los usuarios de las estaciones de servicio, solo que en vez de cédula, terminal de placa del vehículo), imposición de poner el dedo pulgar en una máquina llamada “captahuellas” que en su momento registraba la compra del ciudadano y quedaba bloqueado en el sistema hasta el próximo día en que le tocara comprar de acuerdo a su número de cédula.
Esta medida trajo escasez de alimentos y medicinas, desconcierto y desinformación. Ya para mediados del año 2015 las personas se apostaban en las puertas de los establecimientos desde la madrugada o inclusive desde la noche anterior para ver si “corría con un poco de suerte” y esperar si en dicho establecimiento llegaba la tan ansiada harina de maíz, aceite, arroz, mantequilla, pasta larga, papel higiénico o jabón en polvo, los productos más buscados dentro de la lista de “precios justos”. En el país había dinero, pero no había productos para llevar a la mesa. La escasez y desabastecimiento marcaron la pauta durante muchos meses en el contexto venezolano.
Esto también dio paso a un nuevo esquema de corrupción entre venezolanos: el bachaqueo (venta de productos con sobreprecio), acción que jamás ha sido sancionada por las autoridades gubernamentales. Muchas de estas personas hacían colas en diferentes partes y luego esos productos adquiridos los revendían en otros lugares. Igual sucede con los alimentos que vienen en la llamada “bolsa” o “caja” del Comité de Logística de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Luego de ello vino la reconversión monetaria el 20 de agosto de 2018, se terminó la escasez y desabastecimiento pero el poder adquisitivo se vio y ha seguido severamente golpeado para adquirir los productos mínimos de la cesta alimentaria. Además, de un salario mínimo que está por debajo del costo real de un kilo de harina de maíz y una política económica que no ataca el problema hiperinflacionario de fondo.
