Tres puntos clave que desmontan la Ley Antibloqueo propuesta por Maduro
Cabezas señaló que la ley "no va a detener la recesión que para el año 2021 está proyectada en una caída del 25%"
La Asamblea Nacional Constituyente aprobó lo que bautizaron como “Ley Antibloqueo”, un instrumento que anula las normas legales y le permite al Ejecutivo no rendir cuentas al Estado, con la intención de evitar las sanciones impuesta por distintos países.
El marco propuesto por Nicolás Maduro implica confidencialidad en la toma de decisiones, donde el mandatario en disputa podrá actuar sin tener en cuenta las leyes vigentes cuando se trata de materia económica.
El Observatorio Venezolano de Finanzas realizó este miércoles un foro donde reunió a varios expertos para explicar la nueva ley que ha causado polémica entre la oposición y el oficialismo.
Aquí te presentamos los tres puntos más destacables:
Atenta contra los artículos 1 y 2 de la Constitución
El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, afirmó que la Ley Antibloqueo busca “liquidar los artículos 1 y 2 de la Constitución”, con la finalidad de concentrar las funciones de los poderes públicos en una solo persona.
Dicha declaración ha sido sostenida por el diputado en reiteradas oportunidades, pues, señala que el instrumento oficialista busca reducir los efectos generados por la imposición de sanciones financieras, sobre todo las aplicadas por el Gobierno de Donald Trump.
“Pretenden saquear a Venezuela con la írrita Ley Antibloqueo y cubrirse con un amparo de confidencialidad, para negarle la información a los demás poderes públicos y al pueblo”, denunció Marquina.
Por su parte, el economista Rodrigo Cabezas señaló que la ley «no va a detener la recesión que para el año 2021 está proyectada en una caída del 25%, no va a detener la hiperinflación, así como no se va a detener el deterioro operacional y financiero de la industria petrolera y como último, no va a detener el hambre y la desnutrición».
Otorga a Maduro funciones del TSJ y el Parlamento
En este sentido, Marquina advirtió que Nicolás Maduro pretende a través de la Ley Antibloqueo “abrogarse funciones del Parlamento y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para decidir en qué momento puede aplicar una norma legal o una ley e incluso desaplicar normas constitucionales”.
“En materia económica esto es gravísimo, porque tiene disposiciones que pretenden darle la facultad de poder realizar contratos de interés público de manera discrecional, sin el control del Parlamento como lo establece el artículo 150 de la Constitución”
Asimismo, advirtió que Nicolás Maduro busca crear una caja negra, es decir, cuentas separadas al Tesoro Nacional para hacer uso de los recursos sin ofrecerle declaración al Estado.
Ley anticonstitucional
El abogado, Juan Raffalli, expuso que la “pretendida ley”, no se puede considerar un instrumento legal, porque fue promulgado por un órgano desconocido a nivel internacional, y el cual ha sido acusado de “usurpar” las funcionales del Parlamento.
“Se trata de una asamblea nacional que no es constituyente, porque han dicho que no han hecho ni van a hacer una nueva Constitución, aparte de haber sido designada y convocada de manera ilegítima, este acto normativo, por ponerle un nombre, es nulo”, argumentó
Durante su intervención, el abogado también señaló que el contenido redactado en el documento vulnera los “principios constitucionales como la separación de poderes, el control legislativo sobre el Ejecutivo y el artículo 57 de la carta magna”.
«Si quisieran una magnifica ley antibloqueo debe tener un solo artículo y es la convocatoria a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas», finalizó Raffalli.
Cabezas también coincidió con Raffalli en este punto, pues señaló que quien presenta la ley «está en ejercicio de usurpación de la presidencia».
“Mi conclusión es que usurpan facultades constitucionales que le están dadas a la AN, sobre todo en el artículo 187, es decir las funciones de control. Esta supuesta ley no pondrá tener ninguna validez jurídica para la República”
“Esta es una oligarquía corrupta que quiere tener un espacio legal para raspar la olla” concluyó el economista Cabezas.
