Súmate: «Elecciones parlamentarias podrían agravar el conflicto político»

Durante la sesión parlamentaria de este martes 21 de julio, la organización civil Súmate denunció una lista de irregularidades que tiñen de ilegalidad e inconstitucionalidad el venidero proceso de renovación de curules parlamentarios en Venezuela y que podrían representar más conflictos en el escenario político del país.

Francisco Castro, director de Súmate, expuso que las acciones tomadas por las autoridades que rigen los procesos electorales en el país no rinden tributo al voto como un mecanismo ciudadano de expresión y de sustento del sistema democrático.

El primero de los señalamientos alude al orígen del órgano rector: a pesar de la controvertida legitimidad del Tribunal Suprema de Justicia (TSJ), fue éste quien designó a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.

Castro reclama que, además de la actuación del TSJ, son varias las violaciones al debido debido proceso electoral:

1. A pesar de que la Ley Orgánica de Procesos Electorales exige que el cronograma de los comicios se publique el mismo día de su convocatoria, en este caso fue publicado 10 días después. El abogado advierte que “este es un principio fundamental de transparencia” y que fue violentado en esta oportunidad.
2. La ONG rechaza la introducción de 48 nuevos diputados hechas por el CNE, cambiando la composición del parlamento para estos comicios ya que la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente alterar las normas electorales 6 meses antes de una elección.
3. Cuestiona que el nuevo sistema de representación “no solo es injusto en cuanto a la asignación de proporcionalidad, sino que facilita que un partido puede tener la mayoría de los escaños del parlamento sin ganar la mayoría de los votos totales. (…) En algunos escenarios es posible que se logre el 80 por ciento de representación, con el 40 por ciento de los votos”, indicó Castro.
4. Aún no existe información transparente sobre la licitación de las nuevas máquinas electorales, los sistemas que utilizarán estas máquinas, ni sobre los mecanismos de auditoria que regirán el proceso. Y todo esto llama poderosamente la atención, pues a pesar el gobierno venezolano ya fue denunciado por, supuestamente, alterar los resultados de las elecciones en varias oportunidades.
5. Castro denuncia que es matemáticamente imposible que 2, 6 ciudadanos dentro de Venezuela se inscriban y otros  1, 6 millones realicen el proceso de actualización de datos en el Registro Nacional Electoral en 13 días. A su juicio, en medio de la pandemia y con 500 máquinas rotando por unos 800 puntos en todo el país.

En su análisis técnico sobre tal operativo, se refleja que el 4,5 por ciento de los municipios y el 58 por ciento de las parroquias del país no contaran con puntos de registro electoral. “No se garantiza el derecho a la participación a la totalidad estos de más 4 millones de ciudadanos”, concluye.

El escenario de nuevos conflictos

“Estas elecciones que se pretenden celebrara en diciembre, lejos de contribuir a la crisis política económica y social del país que vivimos, podrían empeorarla”,  señala el director de director de Súmate.

Y es que, debido a los antecedentes, Castro advierte que no existen las garantías necesarias para confiar en que el CNE se imponga como un ente público independiente y que respete los resultados electorales y agrega que “En 5 años el CNE no se pronunció sobre la grave intromisión del TSJ en la proclamación de los diputados de Amazonas y en el 2017 no hizo nada para hacer valer los resultados de la gobernación de Bolívar y la del Zulia”.