Presidencia encargada al Consejo de Estado 2019-2020
La propuesta del Departamento de Estado norteamericano en vocería del secretario Mike Pompeo en plena pandemia y una recesión económica puede considerarse quizás de los últimos esfuerzos para cesar a Maduro en el poder ratificando descartar cualquier acción militar contundente.
a) EL ESTATUTO DE TRANSICIÓN
La Asamblea Nacional venezolana promulgo el denominado Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que fuese aprobado el 05 febrero de 2019. Se trata de una iniciativa normativa aun vigente que aspira preservar la Constitución de 1999, como pacto de convivencia para la vida cívica de los venezolanos y fundamento de la transición democrática.
Sostenía que durante veinte años de Revolución Bolivariana se ha impuesto un sistema político alejado de los principios constitucionales y tradición republicana del País. El 20 de mayo de 2018 el régimen de facto pretendió simular un proceso comicial presidencial en que los venezolanos no pudieron ejercer su derecho al voto en libertad y se sentaron las bases para el escenario de usurpación que ocurre actualmente.
El 10 de enero de 2019; llegado el plazo constitucional en el que un nuevo Presidente electo debía juramentarse, no ocurrió lo debido y Nicolás Maduro Moros se aferró al Poder Ejecutivo de manera fáctica para profundizar la usurpación.
La definición de “transición democrática” identifica tres fases progresivas. Primero, el cese de la usurpación. Luego, la instalación de un Gobierno provisional y, finalmente, la realización de elecciones libres, transparentes y competitivas. En cada una de estas fases progresivas la Asamblea Nacional ejercerá competencias, también de manera progresiva y ordenada hasta lograr consumar la transición democrática y restablecer el orden constitucional.
Conforme al estatuto el Presidente de la Asamblea Nacional es el legítimo Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Los actos del Presidente encargado serian sometidos al control parlamentario.
Una vez cesada la usurpación o liberación del régimen dictatorial que ocurriría con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro Moros y demás personeros. El Presidente del órgano legislativo “ejercerá durante treinta (30) días continuos como Presidente encargado de la República a efectos de conducir el proceso que conlleve a la conformación de un “Gobierno provisional de unidad nacional” y a la adopción de medidas necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas.
La designación de presidente encargado resulta ser el diputado Juan Guaido Márquez.
b) DEL GOBIERNO DE EMERGENCIA.
El 31 de marzo el 2020, en el contexto de la pandemia del corona-virus, el diputado Juan Guaido actuando como presidente encargado propone un Plan de Emergencia y conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional siendo aprobada por la Asamblea Nacional el cual prevé: la participación de todos los sectores políticos y sociales del país sin Nicolás Maduro en el Poder Ejecutivo; convocatoria al Consejo de Estado previsto en el artículo 251 de la Constitución, y ejecución inmediata y urgente del Plan José María Vargas, para atender la emergencia sanitaria.
c) MARCO DE LA TRANSICIÓN DEMOCRATICA
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo anuncia un Plan de Transición Democrática en Venezuela el 31 de marzo previendo el retorno de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia retira la declaración de desacato y restaura todos sus poderes incluyendo las inmunidades de los diputados y disolución de la Asamblea Nacional Constituyente.
Esta propuesta fundamentada en el renuncia voluntaria del presidente Maduro en teoría “cesaría la usurpación” aunque expresamente no lo menciona y paulatino retiro de sanciones norteamericanas al cumplirse con el cronograma del Plan propuesto. .
Inclusive en una entrevista a Guiado afirma que la propuesta de EEUU es la misma que se negocio en Noruega donde presumiblemente y posteriormente en Barbados la delegación de la oposición propuso la inclusión de todas las fuerzas políticas en una futura transición, incluyendo al PSUV e iniciativa de separación del cargo, tanto de Guaidó, como de Maduro.
En este caso la Asamblea Nacional aprueba una Ley de “Consejo de Estado” crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% de miembros de AN escoge dos miembros del Consejo de Estado siendo uno de ellos forzosamente un gobernador de estado.
Los cuatros miembros del Consejo de Estado escogerían un quinto miembro que sería el secretario general y se desempeñaría como “Presidente Interino” hasta que haya elecciones y a quien no se le permitiría presentarse a la elección presidencial. Un miembro de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana se desempañaría como asesor militar del Consejo de Estado.
Todas las facultades conferidas al ejecutivo por la Constitución serían conferidas exclusivamente al Consejo de Estado.
Una vez el Consejo de Estado operativo las personas quienes “se habían” atribuido facultades presidenciales renuncian a cualquier otra pretensión de ocupar cargos ejecutivos y acepten al Consejo de Estado como poder ejecutivo único.
El Consejo de Estado se establecería una fecha para celebrar elecciones simultaneas a la Asamblea Nacional y presidenciales en un plazo de 6 a12 meses.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela Elliott Abrams afirmó que Nicolás Maduro como Juan Guaido fuera de cualquier cargo ejecutivo podrían aspirar a la reelección en los comicios que se celebrarían para «recuperar la democracia» en el país.
Auguró que Maduro no retendrá el poder porque no tiene el apoyo de los venezolanos.
La única persona que no puede competir es quien ejerza de presidente encargado (en el Consejo de Estado) porque en una frágil situación como la que vive Venezuela nadie se va a creer que si una misma persona está en el Gobierno y también es candidato todo va a ser justo.
Se resta importancia al «rechazo inmediato» de Maduro al Plan estadounidense. «Esperábamos que así fuera», admitió. «Lo realmente importante no es lo que dicen en público, sino lo que pasa en privado, dentro del Gobierno, del partido y de las Fuerzas Armadas», y lo que harán sus miembros «cuando piensen en lo que supone para Venezuela y para ellos mismos».
Abrams recalcó que «los militares jugarán un papel importante a la hora de determinar cómo será el cambio pacífico» en Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó agradeció a EEUU su respaldo para conformar un Gobierno de emergencia y conformación de un Consejo de Estado para solucionar la crisis.
D) PRECISIONES ADICIONALES
El presidente Trump invitó en febrero al diputado Juan Guaido a Washington a estar en el Capitolio durante el discurso presidencial sobre el Estado de la Unión. Se refiere a él como “el verdadero y legítimo presidente de Venezuela”. Guaido fue ovacionado de pie de congresistas republicanos y demócratas. Recibido con honores de estado en la Casa Blanca; Trump se compromete que “el dominio de la tiranía de Maduro va a ser aplastado y quebrado”.
Guaidó aseguraría después de su gira internacional a comienzos del 2020, ver «inverosímil» una negociación con el Gobierno porque “una y otra vez” se habían burlado “de nosotros”; aseveración realizada al encontrarse en el País una delegación del gobierno de Noruega intermediario en anteriores diálogos. Observaría: «aproximar a soluciones siempre lo vamos a hacer».
El 26, de marzo el Fiscal general norteamericano William Barr, anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y funcionarios civiles y militares.En rueda de prensa, Barr añadió que la denuncia incluye cargos de lavado de dinero.
Presento evidencias que vincularían a jerarcas del gobierno venezolano como parte activa en las acciones de los cárteles de la droga tanto mexicanos como colombianos, poniendo inclusive recompensas por facilitar la captura. EEUU ha decidido desplegar acciones antinarcóticos en el Caribe para «proteger al pueblo de Estados Unidos de los carteles de la droga».
