La verdad es una sola
E l 24 de marzo de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el «Día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas» para conmemorar el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, defensor de los derechos humanos, premio Nobel de la Paz en 1979, hoy en proceso de canonización, tras haber recibido el título de Siervo de Dios por sus acciones militantes en favor de los pueblos y de la dignidad del hombre.
Con esta declaración se busca «promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia». Tal como dijo hace unos días el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, «el derecho a la verdad y el derecho a la justicia son indispensables para terminar con la impunidad por las violaciones graves de los derechos humanos. (…) En todos los casos, respetar este derecho es una forma de advertir a los demás que las violaciones no pueden permanecer ocultas durante mucho tiempo».
La referencia a la verdad, la justicia, la necesidad de erradicar la impunidad y la reconciliación nacional es hoy más pertinente que nunca, cuando vemos con tristeza que el país atraviesa una de sus peores crisis. Momentos de incertidumbre que generan preocupación.
La economía y las instituciones en proceso de destrucción, la dependencia externa cada vez mayor, no sólo la económica, de países que se aprovechan del ingenuo antiamericanismo de los bolivarianos en el poder, como China y Rusia, sino también la política, que ha hecho de Venezuela un vergonzoso apéndice de Cuba, sometida a una de las dictaduras más longevas y criminales de la historia.
El régimen ha provocado con éxito una confrontación extrema entre quienes apoyan la revolución bolivariana y los que se oponen, hoy discriminados, despreciados, perseguidos y atacados con la fuerza del poder.
A diez años de los sucesos de abril, vale recordar que entonces miles de venezolanos marcharon pacíficamente hacia Miraflores para protestar por las arbitrariedades de un régimen que mostraba ya su faceta autocrática. Francotiradores apostados en el camino dispararon criminalmente en contra de los manifestantes. El resultado lo recordamos con pesar: numerosos muertos y heridos y el vacío de poder por unas horas, según lo declarado por el Tribunal Supremo de Justicia, tras la renuncia del Presidente.
El régimen bolivariano, haciendo uso ilegítimo de los recursos del Estado, activa una perversa campaña mediática para presentar una realidad torcida que no responde a la verdad. Las víctimas resultaron ser victimarios, y los victimarios, las víctimas. Mientras los que cumplieron con su deber para defender a los manifestantes se hunden tras las rejas y el abandono, los otros, condecorados por su hazaña desde puente Llaguno, gozan de impunidad y disfrutan el poder en libertad. Los medios oficialistas proyectan en el país y en el mundo una campaña mediática torcida, para mostrar una realidad que no corresponde a la verdad.
Los sucesos de abril de 2002 marcan el comienzo de un enfrentamiento social y político grave que no se superará hasta tanto se esclarezcan y se investiguen de manera imparcial los hechos, se establezca la verdad, se procese y se castigue a los responsables de las muertes y se reparen los daños causados a las víctimas.
No hay verdad a medias. La verdad de unos no es necesariamente la verdad, esa que refleja la realidad de los cosas. La verdad es una sola, la que no se puede negar racionalmente.
Para lograr esa verdad, sobre la cual reposan la justicia, la paz y la reconciliación nacional, es indispensable que se constituya una comisión de la verdad autónoma e independiente, sin condicionamientos políticos, integrada por personalidades nacionales y extranjeras, para que establezca la realidad de los hechos y permita sobre base serias establecer responsabilidades.
