Procurador Hernández exige controles para uso del fondo de litigios aprobado por la AN
Como “legal y ajustada al estatuto” calificó José Ignacio Hernández, Procurador Especial designado por la administración de Juan Guaidó, la aprobación hecha por la Asamblea Nacional al fondo de litigios para la recuperación de los activos de Venezuela en el exterior.
“Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República” indicó el abogado de la nación en un hilo de Twitter publicado este miércoles 29 de enero.
Sin embargo Hernández mostró preocupación por ejecutar pagos con los recursos del fondo de litigio, sin establecer primero una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses del país.
Por ello, fue enfático en las condiciones: “En todo caso, ratifico que la Asamblea Nacional debe implementar los controles adecuados antes de la ejecución del fondo”, explicó a través de su cuenta Twitter.
Y a juicio del Procurador, la medida debe tomarse “con la urgencia que requiere atender más de cincuenta litigios y proteger los activos de Venezuela”.
Cargo a la orden
El Procurador desmintió las informaciones que indicaban que había renunciado al cargo que le fue encomendado por Guaidó en marzo del 2019, luego que trascendiera una misiva privada en la que ponía su cargo a la orden.
Sin embargo a través de su cuenta de Twitter, el abogado dejó en claro la naturaleza de su acción: “Quiero aclarar que no he renunciado. He puesto mi cargo a la orden, a consideración del presidente (e) y de la Asamblea Nacional, si ello contribuye a solventar las diferencias derivadas de la decisión del parlamento de aprobar el límite máximo del fondo de litigio”, puntualizó.
Hernández, hizo sus estudios de pregrado en derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, de donde egresó con mención suma cum laude en el año 1997. Luego recibió en 2001 el diploma de estudios avanzados en la Universidad Complutense de Madrid y un año después obtuvo el título de doctor en derecho con mención cum laude en esa misma casa de estudios.
En febrero de 2019 el abogado de 44 años fue designado por la Asamblea Nacional como procurador especial; cargo que ha ejercido en el exilio.
