Fernando Lira se dirigía con un amigo identificado como Eligio Duarte, PoliChacao de 41 años, a Guarenas con la finalidad de recoger 500 dólares que había comprado su esposa y que no podía recoger debido a que estaba atendiendo a un familiar que se encontraba grave de salud.
Según declaraciones de Alexis Lira, hermano del fallecido, más de 15 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) estuvieron planeando dos días antes el asesinato e hicieron ver como un “enfrentamiento armado” para la liberación de un cautivo en los alrededores a Villa Panamericana.
María de los Ángeles, viuda de Lira, detalló que la persona que hicieron lucir como “cautivo” era el sujeto que realizó la estafa de los dólares, quien ella ya conocía, y los funcionarios de las FAES le “plantaron” a su esposo una pistola que dispararon tres veces, mientras que con Eligio Duarte utilizaron su arma reglamentaria para simular dos impactos.
Aunque aún se conoce con exactitud lo que sucedió en el lugar, la familia afirmó que varios testigos apuntaron que no pusieron oposición ante los funcionarios. “Ellos se arrodillaron y fueron asesinados”, lamentó Alexis.
Cincuenta disparos tenía la camioneta en la que Fernando y Eligio se trasladaban a buscar el dinero. Además, el informe de intraorgánica indicó que los impactos fueron de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y todos en el tórax.
“Las pruebas de traza de disparos que se hacen cuando se presume que es un enfrentamiento dieron negativo en ambos occisos. Eso fue un asesinato”, afirmó.
Han pasado siete meses desde que ocurrió este hecho y no han obtenido ningún tipo de respuesta. El hermano aseguró que conoce la identidad de algunos de los presuntos homicidas y hoy en día se encuentran en la cabecera de entes de seguridad del Estado.
Historias contadas por familiares como la de Fernando se relataron este jueves en el foro «Ejecuciones Extrajudiciales: La Matanza como práctica de Estado» organizado por la ONG Proiuris.
¿Ajusticiamiento o asesinato?
El criminólogo Luis Izquiel recordó que estas prácticas comenzaron en el año 2015 con la creación de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), que pretendía buscar al líder de una banda que apodan “El Coquí”. Después de al menos 7.523 víctimas anuales, este individuo continúa “haciendo fiesta” en la Cota 905.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no contempla la pena de muerte, y para Izquiel, las ejecuciones extrajudiciales se tratan de asesinatos sin ningún tipo de proceso judicial, o una manera «más decente» de referirse a ella.
El equipo legal de Proiuris registró 51 casos de muertes a manos de cuerpos de seguridad del Estado entre mayo y agosto de 2019. La ONG consiguió establecer comunicación con 30 víctimas y solo seis aceptaron reunirse con sus representantes, el resto, en cambio, prefirió mantener silencio por el miedo de ser agredidos o perseguidos.
